Según la ministra Gloria Ana Chevesich, el Poder Judicial de Chile, junto al de Estonia y Singapur, “es el único que tramita todas sus causas electrónicamente en todas las materias y a nivel nacional, siendo reconocido internacionalmente por aquello”. ¿Quién habría dicho que, de los tres poderes del Estado, sería el Judicial ─el de los expedientes cocidos a mano, el de la luz de neón y los mesones polvorientos, el del chocolatito para que el actuario haga avanzar la causa─ aquel que se encontraba mejor preparado para hacer frente a esta crisis?

El mérito es de la Ley de tramitación electrónica, impulsada a mediados de la década pasada. Además, ya a fines de 2019, la tercera sala de la Corte Suprema realizaba audiencias por videoconferencia, probablemente sin saber que pronto marcaría la pauta para todos los tribunales del país. Finalizada la pandemia, la actividad del Poder Judicial regresará a la normalidad. Pero nunca las nuevas tecnologías dejan las cosas como las encontraron y es difícil creer que este experimento no deje alguna huella en el futuro.

Por ejemplo, es posible que en los próximos años veamos un debilitamiento del territorio como elemento de la competencia. Todavía las videoconferencias son un mal sustituto a las audiencias presenciales, pero llegará el momento en que esto cambie. Y entonces, ¿qué diferencia hará que una causa sea vista en Iquique, en Santiago, o en el despacho virtual de un juez, en su casa en las islas Fiji?

Más interesante es el problema del manejo de la enorme cantidad de datos que se acumula en los servidores del Poder Judicial. Por un lado, la extracción masiva de datos abre nuevos flancos en la lucha por la protección de los datos personales. Por otro lado, ello debe ser balanceado con la publicidad de los procesos, el deber de transparencia y la legítima expectativa de los ciudadanos de ejercer un control más efectivo sobre el ejercicio del poder de la rama judicial del Estado.

En efecto, hasta ahora los jueces podían contar con que sus fallos se hundirían en un oscuro mar de resoluciones, haciendo virtualmente imposible todo análisis y crítica que pretendiera ser a la vez masiva y pormenorizada. Las nuevas tecnologías ponen a los tribunales bajo vigilancia exhaustiva, lo cual no puede sino impactar en el contenido de sus decisiones.

Pero, probablemente, el cambio más profundo se produzca en el ámbito de la inteligencia artificial. Aunque parezca ciencia ficción, en 2019 el Ministerio de Justicia de Estonia desarrolló un juez robot para resolver casos por montos pequeños. Otros prototipos de jueces virtuales han logrado predecir las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos, analizando los patrones subyacentes en su jurisprudencia. Incluso si no llegan a reemplazar a los jueces de carne y hueso, el impacto de estos robots sobre la judicatura será inmenso.

Obviamente, todo esto genera preguntas sobra la moralidad y legitimidad de dichas decisiones, así como incertidumbres sobre la marca que dejará sobre la sociedad y el derecho. Lo único cierto es que, contrario a los deseos de los nostálgicos de la vieja normalidad, la odisea tecnológica del Poder Judicial recién comienza.