Asegurar que en Chile existen “presos políticos”, implica afirmar que el Poder Judicial no es
independiente y que los jueces utilizan el sistema penal para subyugar y castigar ideologías
políticas contrarias a su visión. Tal suposición es equivocada y carece de sustento.

Al respecto, se argumenta que el largo tiempo que estas personas llevan sin ser juzgados es un
signo inequívoco de la represión política. Pero, recurriendo a los datos estadísticos entregados
por el Ministerio Público, en los últimos cinco años una investigación dura en promedio 240
días y un juicio oral 548 días. Por tanto, una causa penal desde su investigación hasta la
dictación de sentencia puede durar alrededor de dos años.

En consecuencia, una persona que fue detenida, por ejemplo, a fines de 2019, sería juzgada a
fines de 2021. Entonces, todos los “presos políticos” actualmente en prisión preventiva se
encuentran dentro del rango promedio de duración de una causa penal. Puede que dichos
plazos sean excesivos, pero no son producto de un trato arbitrario y represivo del Poder
Judicial hacía ciertas posturas políticas.

Carta de Juan Francisco Cruz, en El Mercurio.