Publicación: El Mercurio Legal
Los británicos son aversos al conflicto. Se ponen tan nerviosos ante la sola eventualidad de un encontrón, que van por la vida pidiendo disculpas. En el Reino Unido, “so sorry” significa que honestamente lo sientes; “sorry you feel that way” significa que no lo sientes en absoluto; y “sorry, but…” significa que esa persona te tiene que pedir disculpas a ti. En el Parlamento británico, donde cada miércoles el primer ministro se enfrenta al jefe de la oposición, todo el debate transcurre entre bromas y más bromas. Acabada la sesión, salen tan amigos como siempre.
Tampoco los jueces británicos se andan buscando peleas. Pero dada la polarización de la escena política en Londres, a nadie debiera extrañar que, en el futuro, el conflicto político se traslade más y más hacia los tribunales de justicia. Esta semana, de hecho, la Corte Suprema le dio, por segunda vez, un golpe muy duro a la agenda Brexiter del Gobierno. La primera vez ocurrió en 2017, cuando el tribunal dictaminó que el Parlamento debía autorizar a la entonces primera ministra Theresa May para activar el artículo 40 del Tratado de Lisboa, que inicia las negociaciones sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea.
Esta vez, la Corte Suprema consideró ilegítima, nula y sin efectos la decisión del primer ministro Boris Johnson de solicitarle a la reina Isabel II suspender las actividades del Parlamento, entre el 10 de septiembre y el 15 de octubre. En opinión de la Corte, el consejo del primer ministro a la monarca no contó con una justificación razonable. El fallo es durísimo para Downing Street 10, pues frustra su estrategia de bloquear que el Parlamento extienda el plazo para llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Con ello, el Gobierno pretendía forzar el Hard Brexit, es decir, la salida de Gran Bretaña del bloque comunitario sin acuerdo. Pero ahora que Westminster retoma su actividad, Johnson corre el riesgo de que se sigan prolongando las negociaciones.
Como señala John Ferejohn, una de las razones que explican la mayor injerencia de los jueces en los asuntos políticos es el fraccionamiento del propio sistema político. “Cuando las ramas políticas no pueden actuar, la gente que busca resolver sus conflictos tenderá a gravitar hacia instituciones que les ofrezcan soluciones y los tribunales (y los procesos legales asociados) a menudo ofrecen sitio”. Los abogados queremos creer que las facultades están fijadas por ley, pero los sociólogos y los analistas políticos saben que el poder se desplaza.
Tradicionalmente, la judicatura británica ha sido muy deferente con las decisiones de las autoridades políticas. No obstante ser la cuna del constitucionalismo y de la democracia moderna, el Poder Judicial británico ejerció un peso relativamente menor en la escena política de su país, comparado con sus pares del mundo desarrollado. El Reino Unido no cuenta con tribunales constitucionales al estilo europeo y su Corte Suprema no tiene ni las atribuciones ni la relevancia política que ostenta la Corte Suprema de Estados Unidos. De hecho, la Corte Suprema británica es de creación reciente, apenas 2003. Antes, la Cámara de los Lores ejercía sus funciones. Siguiendo a Ferejohn, todo ello no sería más que la contracara de la tranquilidad del sistema político británico.
En efecto, no es impensable que la buena salud del sistema parlamentario inglés no dejara mucho espacio a los jueces para actuar políticamente. Cuando, por definición, el Gobierno está alineado a la coalición gobernante; y cuando el sistema electoral promueve la conformación de mayorías parlamentarias contundentes; la conducción política del país es clara y efectiva. A ello debe sumarse el carácter razonable y moderado del pueblo inglés. De aquí que un detractor del judicial review americano, como Jeremy Waldron, cite constantemente la deliberación del Parlamento británico como un ejemplo de resguardo de la constitucionalidad de las leyes dentro del sistema político, sin que se haga necesario recurrir al control de la judicatura.
El Brexit hace estallar todo lo anterior por los aires. Desde que el primer ministro David Cameron convocó al plebiscito, a la democracia británica no le cabe mejor descripción que la que hace Oscar Wilde: “el zamarreo del pueblo, por el pueblo, para el pueblo”. Los resultados del referéndum mostraron una escisión triple: el campo contra la ciudad, los jóvenes contra los viejos, Inglaterra y Gales contra Irlanda del Norte y Escocia.
El propio bando ganador está dividido entre Soft Brexiters y Hard Brexiters, según qué tan disponibles están para negociar con la UE. El Gobierno de los tories intenta imponer su línea dura no solo contra la oposición, sino que también contra los díscolos de su propio partido. Entre estos se encuentra el nieto de Winston Churchill, quien declaró que el primer ministro Johnson era un “mentiroso serial” que jugaba con “el manual de estrategias de Trump”. Al frente, los laboristas tienen como líder a Jeremy Corbyn, un radical nostálgico de la izquierda de los 60’s y admirador confeso de Chávez.
La frustración y fragmentación política en el Reino Unido es absoluta. Este escenario invita a trasladar los problemas hacia la judicatura. De hecho, The Judicial Power Project, un centro de estudios sumamente crítico de la judicialización, viene denunciando desde hace años la creciente influencia de los jueces. Por otra parte, la intervención de la Corte Europea de Derechos Humanos en asuntos internos del Reino Unido es uno de los factores que gatillaron el reclamo soberanista de los defensores del Brexit. Parafraseando a Shakespeare, la judicialización es un monstruo de ojos verdes que se burla de la carne de la que se alimenta.
Por supuesto, ni ésta ni la decisión de 2017 constituyen un caso de judicial review, así como tampoco una intromisión de la Corte Suprema en las atribuciones de otros poderes del Estado. Más aún, ambas decisiones podrían entenderse como un acto de devolver la pelota al campo de la política. Con todo, no deja de ser notable que el tribunal supremo de la isla comience a ejercer un rol de árbitro en una escena política cada día más lunática. La pregunta es: ¿cuántos pases se le pueden dar a un árbitro antes de que empiece a jugar como delantero? En el intertanto, los jueces siguen respondiendo a los políticos lo que el Gato de Cheshire le contestara a Alicia:
—Podrías decirme, por favor, ¿qué camino he de tomar para salir de aquí?
—Depende mucho del punto adonde quieras ir —contestó el Gato.
—Me da casi igual adónde —dijo Alicia.
—Entonces no importa qué camino sigas —dijo el Gato.
José Miguel Aldunate, Director de Estudios del Observatorio Judicial