Un creciente aumento en los ingresos de los recursos de protección, en los cuales se ha obligado al Estado a costear el financiamiento de medicamentos de alto valor, fuera de la Ley Ricarte Soto, se ha experimentado en los dos últimos años.

En 2019, el ingreso creció 6,6 veces respecto de 2018. Entre 2014 y 2018 se
interpusieron tan solo 23 recursos, mientras que el año pasado hubo 87
presentaciones.

La sentencia que abrió la puerta a la judicialización de estos casos para que más personas buscaran cobertura para fármacos fue de la Tercera Sala de la Corte Suprema, la que define materias constitucionales.
En 2018 obligó al Ministerio de Salud a financiar el nusinersen (Spinraza), que tiene un costo de más de $500 millones —solo el primer año de tratamiento—, para un niño de un año y dos meses de concepción con atrofia muscular espinal, una enfermedad degenerativa que afecta las neuronas.

El otro incremento es la expansión en el tipo de tratamiento solicitado. Si
durante 2017 y 2018, los principales medicamentos requeridos fueron tres:
Soliris, Spinraza y Vinzimin, en 2019 el universo aumentó a 37 tipos diferentes. Así lo refleja un estudio realizado por el Observatorio Judicial, que analiza la jurisprudencia del máximo tribunal en esta materia.

Diferencias entre la Suprema y las cortes

Durante el año pasado, las cortes de Apelaciones del país fallaron un total de 78 recursos de protección relativos a tratamiento de alto costo, de los 87 que se interpusieron (aún no se han fallado todos). De estos, el 53% fue acogido, mientras que el 47% restante fue rechazado.

Lo que refleja, a juicio del Observatorio Judicial, “que la jurisprudencia del máximo tribunal no ha calado en todos las cortes de Apelaciones de igual
manera”. Por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Santiago es “más contraria a conceder el financiamiento”, se rechazaron 19 recursos y
se acogieron solo cinco.

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