¿Ha habido mayor demora en la tramitación de las inaplicabilidades en causas de DD.HH. en el Tribunal Constitucional? Esa es la pregunta que se dispuso a contestar el Observatorio Judicial luego de que estallara un conflicto sin precedentes en el TC, a partir de las declaraciones de su presidenta, María Luisa Brahm, quien en entrevista a La Tercera afirmó que “antes de que yo llegara había causas detenidas en el TC por mucho tiempo, al límite de la corrupción”.

Eso detonó la realización, la semana pasada, de dos plenos en los que se trataron las profundas divergencias existentes entre diversos ministros del TC -principalmente, Brahm y el expresidente Iván Aróstica-, además del inicio de una investigación por parte de la Fiscalía y la creación de un comité de crisis al interior del organismo para zanjar de forma interna las diferencias.

En la entrevista que originó la polémica, Brahm cuestionó en duros términos la demora en la tramitación de las causas de inaplicabilidad en materia de derecho humanos, las que recayeron en los últimos años principalmente en la primera sala del TC, compuesta por los ministros Aróstica, Juan José Romero y Juan Ignacio Vásquez. Y también deslizó una crítica a la gestión de anteriores presidentes del TC. Hace dos días, La Tercera Domingo reveló que el informe anual sobre DD.HH. en Chile de la Universidad Diego Portales en 2018 dedicó un capítulo entero a este órgano, titulándolo El TC como impedimento a la justicia por crímenes de lesa humanidad, en el que acusaba directamente a Aróstica de “omitir” incluso poner estas causas en tabla, causando una ralentización en su trámite.

El análisis del Observatorio Judicial discrepa de ello y plantea que no ha habido una demora especial en las causas de DD.HH. en los últimos cinco años.

“Al analizar los datos publicados por el TC en su documento Causas ingresadas al tribunal constitucional que inciden en investigaciones sobre derechos humanos (ingresos 2015-2020), se observa que han ingresado 68 inaplicabilidades sobre DD.HH. A la fecha se han fallado un total de 36 causas, es decir, el 53%, y, en cuanto a los resultados, el 84% de las inaplicabilidades han sido rechazadas”, se afirma en el documento titulado “Tribunal Constitucional. ¿Ha habido mayor demora en la tramitación de las inaplicabilidades en causas de DD.HH.?”.

Respecto del tiempo de tramitación, según la entidad, “los números muestran que las causas de DD.HH. han demorado, en promedio, un total de 300 días”. Pero, ¿ese tiempo de tramitación representa una anomalía?

El Observatorio Judicial comparó el tiempo que ha demorado el estudio de las inaplicabilidades en causas de DD.HH. con el resto de las inaplicabilidades que resuelve el tribunal. No encontró mayores diferencias.

“Entre el período 2015 a 2019, el Tribunal Constitucional ha fallado 2.905 inaplicabilidades en diferentes materias. Ahora bien, para lograr una comparación precisa es necesario eliminar las causas que el propio Tribunal Constitucional ha declarado como de “carácter masivo”, por ejemplo las inaplicabilidades relativas a Ley Emilia y Ley de Control de Armas. La razón es que en dichas causas, al ser resueltas bajo criterios de litigación masiva, sus tiempos no representan la tramitación normal de una inaplicabilidad, ya que son causas y sentencias tipo”, explica en el documento.

Así, al considerar los tiempos de tramitación de las inaplicabilidades normales según el año que fueron resueltas -datos que se obtuvieron a partir de las cuentas públicas del TC- se determinó que entre 2015 y 2018 aumentaron progresivamente. En 2015, estas tardaron 327 días promedio; en 2016, éste aumentó a 344 días; en 2017 promediaron 360 días; y en 2018, 454 días.

Este último salto, sostiene el documento del Observatorio Judicial, “se puede explicar con el exponencial y abrupto aumento de causas de inaplicabilidad por Ley Emilia y Ley de Control de Armas que afectó al TC desde el año 2017 en adelante (…) esta sobredemanda afectó la capacidad de procesamiento de causas impactando negativamente en los tiempos de tramitación”.

En 2019 -en cuyo mes de agosto asumió María Luisa Brahm la presidencia- los días que en promedio demoró la tramitación de una inaplicabilidad bajaron a 301.

“Del análisis de las cifras que pone a disposición el propio Tribunal Constitucional, podemos concluir que las inaplicabilidades en causas de DD.HH. no presentan, en promedio, tiempos mayores de tramitación que el resto de las inaplicabilidades; por el contrario, se observa que el tiempo que demoran en tramitarse es levemente menor. Por eso es que puede afirmarse que dichas causas se encuentra dentro del rango usual de días que demora el TC en fallar cualquier inaplicabilidad”, concluyó el informe.

Juan Francisco Cruz, investigador del Observatorio Judicial, explica por qué la discrepancia entre el informe elaborado por ellos y el de la UDP. “Todo depende desde dónde construyes tu hipótesis. Si miras el universo de causas de DD.HH. donde ha habido sentencias (36), hay al menos nueve donde el número de días de tramitación es alto -de 435 a 662 días. Si se construye una hipótesis desde esos casos, efectivamente hay una demora mayor a la normal, pero no basta simplemente con eso. Hay que hacer un análisis más pormenorizado de la causa, ver qué es lo que llevó a esa demora”.

Cruz agrega que “la hipótesis se puede construir desde casos aislados o mirando el universo completo. Nosotros la tomamos desde el universo completo, y ahí da que las causas se demoran en promedio 300 días; es más, de las 36 causas de DD.HH., 27 se acercan a ese promedio”.

Aseveró que “construir desde casos particulares la existencia de cierta anomalía, es difícil. Al final queda la sensación de una situación generalizada, y uno de los problemas principales de la justicia es que a veces demora y muchas veces no tiene que ver con la gestión de los ministros sino del funcionamiento de los tribunales”. “La impresión de un número no es argumento suficiente para imputarle a un ministro una demora, hay que fundamentarlo de manera más detallada”, concluyó Cruz.

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