2019 fue un año agitado para Chile. Tampoco nuestros tribunales de justicia gozaron de tiempos tranquilos.

El primer hito fue el escándalo de corrupción de tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, por tráfico de influencias y pagos indebidos. El caso concluyó con la expulsión del Poder Judicial de los dos ministros y con otro que se quitó la vida. Con todo, persisten los cuestionamientos sobre la idoneidad de los sistemas disciplinario y de nombramientos del Poder Judicial.

El problema de los nombramientos volvió a acaparar la atención de la opinión pública, luego de que fracasara el acuerdo para ratificar a la nominada Dobra Lusic para el cargo de ministra de la Corte Suprema. El gobierno acabó retirando su nominación y proponiendo a la ministra María Angélica Repetto en su lugar.

De ahí que la mesa convocada por el Ministerio de Justicia para revisar el sistema de nombramientos durante la primera mitad de 2019 ─en la que tuvimos el privilegio de participar─ haya sido una medida oportuna. Esperamos que sus recomendaciones desemboquen prontamente en un proyecto de ley.

Las semanas previas al 18 de octubre estuvieron marcadas por la sentencia de la Corte Suprema, que señaló que los tribunales de la justicia se encuentran autorizados para revisar las decisiones del Tribunal Constitucional. Curiosamente, la sentencia confirmó lo resuelto previamente por la Corte de Apelaciones, denegando el recurso de protección. Por lo tanto, su único efecto fue un intento por redefinir las atribuciones del Tribunal Constitucional en relación a la justicia ordinaria, pues no afectó a las partes del litigio.

De esta manera, la Corte Suprema se atribuyó facultades que no tiene, como redefinir el equilibrio de poderes entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Este es exactamente el tipo de reflexión que se espera del constituyente o del legislador, pero, en ningún caso, de los tribunales de justicia.

Finalmente, cabe destacar el comportamiento de los tribunales desde el 18 de octubre en adelante. Más allá de lo cualitativo, lo cierto es que nuestra justicia penal consiguió procesar una inmensa cantidad de causas. Según la información entregada por el Poder Judicial, entre octubre y enero ingresaron 143.215 causas a los Juzgados de Garantía, de las cuales el 36,2% están terminadas. Aunque llama la atención que 30.313 de estas causas hayan concluido por no inicio de la investigación.

En lo sustantivo, resulta muy interesante la jurisprudencia desarrollada por las Cortes de Apelaciones en lo relativo al uso de balines y perdigones por parte de Carabineros durante las protestas. Contrario a lo informado por la prensa, el grueso de las Cortes se decantó por rechazar los recursos de protección interpuestos contra las policías, ordenando, no obstante, que éstas se abstuvieran de disparar contra manifestantes pacíficos. Esto, como lo señalan las propias sentencias, es lo mismo que ordenan los protocolos de Carabineros. Con ello, las Cortes demuestran una encomiable voluntad de resolver con apego al derecho.

Finalmente, cabe destacar el comportamiento de juezas que, más allá de cómo se evalúe el contenido de sus decisiones, debieron enfrentar con entereza actos de amedrentamiento que amenazan gravemente la independencia judicial. Ello contrasta con el comportamiento de un juez que no solo se ha permitido emitir opiniones políticas y participar en las protestas, contrariando las normas que rigen el actuar de los jueces, sino que además enarbola la independencia judicial como pretexto para infringir gravemente su deber de imparcialidad

Todo indica que 2020 será un año tanto o más difícil que 2019 para el Poder Judicial, debiendo hacer frente a múltiples desafíos. Entre ellos se encuentran la preocupación por la probidad de los jueces, el resguardo del orden público, el respeto de los derechos humanos, y la eventual discusión constitucional, que sin lugar a dudas abordará la estructura y funcionamiento del tercer poder del Estado.