¿Votaron los habitantes de Antofagasta para elegir a los jueces de su Corte de Apelaciones? No. ¿Qué mayoría electoral obtuvieron? Ninguna. ¿Cuándo se acaban sus períodos? Nunca. Entonces, ¿por qué sus señorías se empecinan en resolver como si fuesen legisladores?

El fallo que ordenó a una AFP entregar la totalidad de los fondos previsionales a una afiliada razona sobre argumentos tan espurios como la “injusticia” del DL 3.500 y la falta de “sensatez o medidas adecuadas en el Sistema de Pensiones”, lo que “obliga al tribunal a adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho”.

Solo el legislador puede abordar el derecho con una perspectiva de reforma. Para ello cuenta con un arsenal de asesores técnicos que evalúan el impacto de sus decisiones, con procedimientos para oír los diversos puntos de vista e intereses en juego y, sobre todo, con la legitimidad de haber ganado una elección y cumplir un mandato constitucional.

La noble tarea de los jueces es hacer valer los compromisos que la sociedad ha adquirido consigo misma ─esto es, las leyes─ escuchando exclusivamente a las partes, únicas interesadas en el resultado de sus fallos. La Corte de Antofagasta, en cambio, está pésimamente equipada para introducir reformas al sistema de pensiones, usurpando las funciones del legislador e invocando razones dignas de una columna de opinión.

Como resultado, el fallo infringe el imperio del derecho, y nos somete, en vez, al imperio de los jueces.

José Miguel Aldunate

Director Ejecutivo

Observatorio Judicial