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El Ministerio Público en riesgo

Bajo la propuesta constitucional, el MP estará dirigido y controlado por un organismo que se vislumbra cooptado por intereses corporativistas. Esto es la unión perfecta para afectar la autonomía que el MP necesita para desarrollar una persecución penal objetiva, eficiente e imparcial.

El Ministerio Público (“MP”) es una institución fundamental en los ordenamientos jurídicos contemporáneos y esto, por dos razones. La primera, es que el MP es el organismo encargado de investigar y perseguir los ilícitos penales, es decir, las conductas que como sociedad consideramos más dañinas y la segunda razón es que el MP —y el sistema de justicia penal en general— representa uno de los mayores poderes del Estado que puede afectar los derechos y libertades de los individuos. No es casualidad que los gobiernos despóticos utilicen el sistema penal como un mecanismo para eliminar toda disidencia y mantener el control social.

Dada la trascendencia institucional del MP, la propuesta de la Convención de reemplazar la figura del Fiscal Nacional por el “Consejo Superior” ha motivado el rechazo unánime de destacados académicos y de los propios fiscales del Ministerio Público. A grandes rasgos, son tres las críticas que se dirigen a la idea de los convencionales de suplantar al Fiscal Nacional por un órgano deliberativo:

  1. Entorpecimiento de la persecución penal: ocho asociaciones de funcionarios del MP declararon que: “Nos preocupa la burocracia y la lentitud que pueda generar un órgano colegiado y con ello la falta de oportunidad de las decisiones que corresponda adoptar, desde la tarea cotidiana hasta las políticas institucionales, más aún, cuando no existe una experiencia comparada en ninguna otra parte del mundo”[1].
  • Dilución de la responsabilidad: el profesor de derecho penal Cristián Riego afirmó que: “No cabe ninguna duda de que es mejor tener un fiscal nacional individual, al que puedes controlar por sus actuaciones personales y hacerle valer su responsabilidad individual que tener un grupo colectivo en el cual este tipo de discusiones se diluiría y nadie se hace responsable”[2].
  • Mayor exposición a la influencia de intereses: el académico Mauricio Duce criticó que “los convencionales están arriesgando transformar al Ministerio Público en un actor irrelevante, burocrático y cooptado por intereses. Esto es igual a decir que nos estamos exponiendo a tener que tolerar bolsones mucho más importantes de impunidad, no solo en delitos de corrupción, sino que también en delitos comunes y esto es gravísimo”[3].

De esta manera la propuesta de la Comisión de Sistemas de Justicia implica un retroceso institucional que amenaza las garantías de los ciudadanos. En efecto, el proceso de modernización y democratización de la persecución penal en Chile y países occidentales ha tenido como principios rectores la imparcialidad y la eficiencia, es decir, que la persecución punitiva responda a criterios de política criminal objetivos y no a intereses. Así, para la tarea de investigar y acusar se creó la figura del Ministerio Público que es autónomo de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo con el fin de asegurar que la persecución penal sea inmune a los vaivenes políticos, tendencias ideológicas o intereses corporativos.

Ahora bien, las críticas antes anotadas dan cuenta de una seria afectación a la autonomía del MP. En efecto, en el órgano colegiado se diluye la responsabilidad tornándose vulnerable a la influencia de intereses políticos, gremiales o particulares. Además, el consejo propuesto por lo convencionales tendrá entre sus atribuciones nombrar a los fiscales, evaluar su desempeño, ejercer medidas disciplinarias y controlar el presupuesto. En suma, el consejo directivo tendrá un fuerte control sobre los funcionarios del MP.

Por tanto, bajo la propuesta constitucional, el MP estará dirigido y controlado por un organismo que se vislumbra cooptado por intereses corporativistas. Esto es la unión perfecta para afectar la autonomía que el MP necesita para desarrollar una persecución penal objetiva, eficiente e imparcial. Al final de cuentas los conflictos del Consejo Superior permearán en la labor de los fiscales. Todo lo cual, se podría traducir en lagunas de impunidad y en una persecución penal arbitraria.


[1] https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/la-critica-transversal-de-academicos-y-funcionarios-del-ministerio-publico-a-la-idea-de-eliminar-la-figura-del-fiscal-nacional/22YYAF7GOZHK5CGU4KOPDMW3XY/

[2] https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/la-critica-transversal-de-academicos-y-funcionarios-del-ministerio-publico-a-la-idea-de-eliminar-la-figura-del-fiscal-nacional/22YYAF7GOZHK5CGU4KOPDMW3XY/

[3] https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/duce-uno-de-los-padres-de-la-reforma-procesal-penal-los-convencionales-arriesgan-transformar-al-ministerio-publico-en-un-actor-irrelevante-y-cooptado-por-intereses/MERKMNQDPBBEXDJP6YES26IYG4/