Publicación: El Mercurio
¿Por qué interviene el Senado en la nominación de los ministros de la Corte Suprema? La pregunta no es trivial. Sobre todo, cuando apreciamos, una vez más, que el nombramiento de un candidato al Tribunal Supremo se dificulta en el Senado. Ya antes, la Cámara Alta frustró el ascenso de la ministra Dobra Lusic, una jueza de excelentes calificaciones profesionales. También las ministras María Angélica Repetto y Ángela Vivanco vieron peligrar su nominación en el Senado, en ambos casos por consideraciones más políticas que relativas a su desempeño profesional. Hoy es el turno del ministro Raúl Mera, quien posee sobradas calificaciones para integrar el tribunal, pero que ha dictado fallos que al parecer no son del agrado de un grupo de senadores.
A diferencia del resto de los jueces, en cuyo nombramiento sólo intervienen las propias cortes y el Presidente de la República, los ministros de la Corte Suprema requieren una ratificación adicional por los tercios del Senado. Habida cuenta de la relevancia de las materias que aborda y de la función que cumple la Corte Suprema en el Poder Judicial, la Constitución quiso asegurar una mayor independencia de sus miembros respecto del Poder Ejecutivo. Además, con ello se aumenta la legitimidad democrática del tribunal que, de otro modo, sufriría de un sesgo excesivamente burocrático y profesionalizante en su generación. Más aún, se estima que la presencia de distintas sensibilidades constituye una garantía adicional contra los sesgos políticos o ideológicos, porque éstos se bloquean mutuamente y facilitan la imparcialidad del tribunal.
Ahora bien, el alto quórum de ratificación y el hecho de que solo se requiera la aprobación de la Cámara Alta del Congreso, cuyos miembros necesitan mayorías importantes para ser electos, nos habla del temor de la Constitución hacia una Corte Suprema politizada. El poder siempre ejerce una fuerza centrípeta, que todo lo convierte en satélite, provincia o replicación de sí. Los senadores podrían querer convertir a la Corte Suprema en una extensión de su propio poder, es decir, en un segundo Senado, dependiente, por supuesto, del primero. Las reglas de quórum y demás arreglos institucionales son una cortapisa contra tal pretensión, así como el propio requisito de ratificación es, a su vez, una cortapisa al poder del Presidente de la República.
Pero ningún mecanismo de contrapeso es suficiente contra los excesos de la política si no existe un acuerdo fundamental sobre la razón de ser que inspira nuestras instituciones, ya que los actores políticos podrían desvirtuar el sentido de las normas.
La Constitución espera que el Senado haga un escrutinio de las cualidades personales de los candidatos nominados a la Corte Suprema, así como de su apego a los estándares de imparcialidad y probidad, sus calificaciones académicas y su trayectoria profesional. Por otra parte, es legítimo que los senadores velen por la preservación de los equilibrios al interior de la Corte Suprema, a efectos de que en su interior haya distintas sensibilidades.
Pero lo anterior dista mucho de la pretensión de los senadores de estar de acuerdo con todos los fallos de los candidatos en todos los casos en que han participado como jueces. Ello no solo implica desconocer que los jueces, a diferencia de los políticos, deben aplicar la ley y no sus preferencias ideológicas. Si se instala esta lógica, pronto veremos el nacimiento del juez políticamente correcto, que se guía más por la aquiescencia a la tendencia ideológica del momento que a la ley, una fatalidad para la democracia y el Estado de Derecho.
Lo anterior ─como bien lo han advertido varios ministros de la Corte Suprema─ resultaría en una violación de la independencia judicial, justamente el valor que el mecanismo de nominación de los ministros de la Corte Suprema buscaba preservar. El Poder Judicial requiere de jueces independientes, imparciales, probos y apegados al derecho. Los senadores deben actuar como estadistas y asumir este objetivo como propio, más allá de las legítimas pretensiones de sus respectivas tiendas políticas.
Roberto Guerrero V. Presidente del Consejo de Observatorio Judicial
José Miguel Aldunate H. Director Ejecutivo de Observatorio Judicial