El vívido testimonio de Ramón Pérez, magistrado de Venezuela, sobre cómo debió huir de su país -disfrazado de electricista- y sobre la situación del Poder Judicial bajo la opresión del gobierno de Nicolás Maduro, invita a reflexionar sobre la importancia de los jueces en proteger la democracia y el Estado de derecho.
La impactante descripción del magistrado Pérez sobre el quiebre institucional de los tribunales de Venezuela —en una actividad organizada por El Líbero y el Observatorio Judicial— no deja a nadie indiferente. Tal y como él relata, el Poder Judicial de Venezuela ahora es una prolongación al servicio de Maduro y sus allegados. A modo de ejemplo, el magistrado contó cómo el Tribunal Supremo de Justicia había alterado la interpretación de las causales de divorcio, sólo para favorecer a un gobernador que deseaba divorciarse para luego contraer matrimonio con una modelo.
Así, la desesperada situación del pueblo venezolano —donde la carencia de comida y medicina ha cobrado numerosas víctimas— renueva y hace actual la clásica teoría sobre la división de Poderes del Estado y su función de control y contrapeso entre las distintas potestades. En efecto, el magistrado Pérez reveló que una de las causas del quiebre institucional de Venezuela fue la falta de mecanismos de protección de la democracia.
El Poder Judicial como garante de la seguridad jurídica es, precisamente, un mecanismo de salvaguarda del gobierno democrático. En efecto, la independencia de los tribunales de justicia permite —o debería permitir— a los magistrados conocer y fallar bajo lógicas ajenas a los intereses ideológicos del gobierno. En consecuencia, los acontecimientos en Venezuela demuestran que los conceptos de independencia, Estado de derecho y seguridad jurídica no son palabrería. Al contrario, la experiencia contada por el magistrado Ramón Pérez es signo de la relevancia de proteger las instituciones y valores democráticos.
Ahora bien, la tarea no es fácil. En ocasiones, como el mismo magistrado recordaba, los jueces dejan de ser árbitros y pasan a ser jugadores con afán de marcar goles. Ese activismo, que conocemos en Chile, también es cuestionable. Por ejemplo, casos como el de Nabila Rifo muestran la delicada y difícil labor de los jueces al aplicar el derecho, sobre todo cuando el fallo no se ajusta al sentir de la sociedad.
El testimonio de este juez venezolano debe ser un estímulo para enfrentar dicha dificultad y un impulso para que los jueces chilenos tomen conciencia de la importancia de su función jurisdiccional. No por nada el filósofo inglés John Locke postulaba que la sociedad civil nace cuando la comunidad elige a un hombre con la potestad para juzgar y hacer cumplir lo resuelto.
Ojalá la vivencia del magistrado Ramón Pérez sea conocida y difundida.
Fuente: http://ellibero.cl/opinion/en-venezuela-la-ley-es-letra-muerta/