Publicación: Diario Financiero
Antes de la Convención –y quizás todavía–, Fernando Atria era un gran detractor de todo lo que oliera a judicialización de la política. En su concepto, el juez debe hacer justicia a las partes y abstenerse de instrumentalizar los casos que conoce en favor de agendas políticas o fines ajenos al mérito del proceso. En esto, Atria está –o estaba– muy bien orientado.
Pero, como dice Alberto Edwards en La Fronda Aristocrática, “el demoledor rara vez conoce siquiera los planos del edificio con que va a reemplazar lo que intenta destruir”.
En efecto, llama la atención que Atria patrocine un texto constitucional que producirá exactamente lo contrario. De aprobarse la nueva Constitución, veremos cómo en salud, en educación, en vivienda, en materia indígena y ambiental, y en una infinidad de problemáticas económicas y sociales, las principales definiciones políticas no serán adoptadas por los legisladores, sino por los jueces.
¿Por qué?
En primer lugar, porque el tiempo de implementación de la nueva Constitución no sólo será largo, sino algo peor: será incierto. No es claro que el futuro Congreso tenga incentivo alguno de tramitar y aprobar las decenas de leyes requeridas para implementarla. Tampoco se puede contar con su “lealtad”, en la nomenclatura de Atria. Todo lo contrario, en un escenario de polarización política como el que enfrentamos, el resultado más probable es el bloqueo del todopoderoso Congreso frente a un Presidente debilitado.
Y entonces, ¿quién resolverá los conflictos entre el viejo ordenamiento preconstitucional y la nueva Carta Fundamental? Los jueces, por supuesto. Para ello contarán con la nueva acción de tutela que, a diferencia del antiguo recurso de protección, se extiende a todo el listado de nuevos derechos aprobados.
Cuando, a causa de la dificultad técnica o el bloqueo político, el legislador no apruebe las reformas prometidas en materia de pensiones, salud o educación, las personas no dudarán en reclamar ante los tribunales la satisfacción inmediata de sus promesas constitucionales, sin que pueda oponérseles ni la incompetencia del juez, ni la inexistencia de las reformas institucionales necesarias para responder de manera adecuada.
Al bloqueo legislativo y la nueva y amplísima acción de tutela, sumemos un tercer factor explosivo: la creación de un Consejo de la Justicia que, como ha ocurrido en otros países de la región, convertirá al Poder Judicial en un botín de la política. Cuando la nominación de los jueces dependa de su cercanía con tales o cuales agendas o ideales, los jueces no dudarán en poner a un lado la anticuada imparcialidad y fallar conforme al programa político de moda.
¿De qué le habrá servido a Fernando Atria desmantelar su vilipendiado Tribunal Constitucional y empoderar a un Congreso vuelto contra sí mismo, si a la par se empuja a la Corte Suprema y el resto de la justicia ordinaria al centro de la escena política?
“Entonces –las palabras no son mías, sino de Alberto Edwards– los que desean restauraciones parlamentarias imposibles, o añoran viejas dominaciones condenadas en las almas, o sueñan con estos o aquellos regímenes jurídicos, vendrían a darse tardía cuenta de la vanidad de sus ideologías y de la inconsistencia de sus ilusiones”.