José Miguel Aldunate, Director ejecutivo del Observatorio Judicial:

Entre gallos y medianoche

Es de noche en Chile. Encerrados en nuestras casas durante meses, tan a oscuras nos encontramos que los doctores alertan por la deficiencia de vitamina D. Todo cuanto desde los tiempos de la ilustración se simboliza por medio de la luz ─las universidades, los cafés, los bares y los paseos públicos─ se encuentra clausurado o funciona a media máquina. Tampoco el debate por la nueva constitución funciona correctamente y, la verdad sea dicha, las franjas del “Apruebo” y del “Rechazo” iluminan bastante poco.

Pronto participaremos en el primer plebiscito que se convoca desde 1989. No es poca cosa.

Rousseau ─de quien descienden todos los que exaltan los cabildos y las asambleas universitarias─ criticaba la democracia representativa de los ingleses porque éstos no eran libres más que para las elecciones. En esta lógica, el plebiscito sería aquel momento excepcional en que los ciudadanos pueden, al fin, decidir por sí y ante sí sobre su propio destino. ¿No cabría esperar un gran debate público y participativo entre ciudadanos responsables e informados?

Pues no. Tres obstáculos lo impiden. El primero y más obvio es la pandemia, que nos tiene recluidos y socialmente distanciados. Para los nativos digitales no hay problema, porque están acostumbrados a que debatir equivale a insultarse y repetir eslóganes por las redes sociales.

Pero los mayores han sido expropiados de abordar el asunto de la manera que les es más propia: conversando presencialmente.

Un segundo obstáculo lo constituyen las propias campañas. De un lado, se explota el miedo al cambio. Del otro, el hastío con el presente y los sueños de un mundo ideal. De ninguna, información sobre qué hace y no hace la Constitución, ni los costos y beneficios de cambiarla.

En suma, mucha excitación de pasiones y poco razonamiento. Nada muy distinto de las técnicas publicitarias a que nos tienen acostumbrados las campañas políticas de la vieja democracia representativa, tan lejanas del ideal participativo de los rousseaunianos.

El tercer obstáculo es la premura con que se insiste en llevarlo todo a cabo, aunque sea entre gallos y medianoche. Pareciera que el debate y la deliberación fueran un obstáculo en el camino constituyente, más que el medio para llevarlo a cabo. Es cierto que el plebiscito ya fue pospuesto una vez a causa de la pandemia, pero hay pocas certezas de que el virus haya cedido para octubre. De hecho, en Europa comenzamos a ver los atisbos de la segunda ola.

Esta premura amenaza no sólo la participación en el proceso previo al plebiscito, afectando el derecho de las personas a informarse. Además, todo indica que se afectará el derecho a voto de los “Covid positivos”, que no estarán autorizados para acudir a los locales de votación, y de la población de riesgo, que tendrá un razonable miedo de hacerlo.

Entonces, como si las sombras sobre la participación fueran pocas, lo más probable es que el plebiscito se judicialice. Ya la Corte Suprema acogió los recursos de protección interpuestos por personas condenadas a penas no aflictivas que vieron afectado su derecho a voto. ¿Por qué no habría de razonar de la misma manera en este plebiscito?

Las autoridades políticas deben cumplir con el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 y llevar a cabo el plebiscito. Pero la legitimidad de este último dependerá de que tengamos condiciones que aseguren la participación y el acceso a la información. Esas condiciones dependen de algo más que la mera voluntad política, porque como todo el mundo sabe, no por madrugar amanece más temprano.

Max Colodro, académico U. Adolfo Ibáñez:

Aprontes plebiscitarios

El inicio de la campaña para el plebiscito constitucional ha sido el escenario de importantes señales públicas. En los hechos, el debate sobre los contenidos de una nueva Carta Magna todavía no se instala, pero las derivadas políticas en juego están ya en pleno movimiento y generan efectos a ambos lados del espectro.

La línea divisoria entre el Apruebo y el Rechazo ha tensionado a la centroderecha. Dicha tensión debilita al sector y hace difícil transmitir una visión común respecto a los desafíos que implica un nuevo texto constitucional. Pero lo interesante es que esta división es dinámica y en ella convergen definiciones que marcarán el destino de la centroderecha en los próximos años.

Una de esas definiciones es la que apunta a la universalidad de los derechos sociales. Que Joaquín Lavín se califique a sí mismo como socialdemócrata y Cristián Monckeberg como socialcristiano es, en las actuales circunstancias, una señal de que la toma de posiciones sobre estos temas ya empezó. Y ello se plasma inevitablemente en la mirada sobre el próximo plebiscito. Cuando un liderazgo como el que representa Pablo Longueira llama a la derecha a votar Apruebo, y a organizarse para hacer valer su ideas en la convención constituyente, en rigor lo que busca es que el peso del sector pueda hacerse sentir en toda su magnitud y no regalarle dicha instancia a sus adversarios.

En la centroizquierda, el consenso en torno al Apruebo haría suponer que las aguas están más calmas, pero no es así. La consolidación de la hegemonía articulada por el PC y el FA está golpeando fuerte al sector moderado, es decir, a los partidos de la ex Concertación. Hasta ahora ellos no tienen un liderazgo presidencial que pueda competir con Daniel Jadue o Beatriz Sánchez, y los tiempos apremian. En paralelo, las definiciones sobre pactos electorales para los desafíos del próximo año cruzan esta disyuntiva presidencial, que condiciona el debate sobre la primaria, y eventuales compromisos para la primera o segunda vuelta. Muchos no quieren acuerdos con el PC o el FA, pero saben que, sin ellos, los resultados pueden ser muy malos.

Este es, en síntesis, el tipo de disyuntivas que subyace en el inicio de la campaña. Un proceso que confirma el ‘movimiento de placas’ que vive el sistema político y donde la hegemonía impuesta en la centroizquierda por los sectores más radicales ha abierto una oportunidad para que la derecha se mueva hacia posiciones de centro e, incluso, socialdemócratas. Por eso Pablo Longueira llama al Apruebo y a no autoexcluirse del proceso constituyente, es decir, a no atrincherarse en una opción que va a ser derrotada en octubre, y que impedirá participar de lo que viene después con plena legitimidad.

En definitiva, la centroizquierda moderada entiende el riesgo que representan los movimientos de Lavín y Longueira, pero no logra desprenderse de las demandas que sustentan los comunistas y el FA. En la oposición, la campaña por el Apruebo no es un trauma: todos lo respaldan y confían en que ganará por amplio margen. El verdadero problema es que las definiciones que se imponen dejan descubierto un flanco en el centro, debilitando a los partidos moderados, que son los que debieran actuar como contención ante una derecha que ya mueve sus piezas hacia esas zonas del tablero.

Son las claves y paradojas de un proceso donde lo que está en juego es, sin duda, mucho más que el contenido de una nueva Carta Magna.