La igualdad ante la ley es una de las mayores expresiones de la dignidad, porque reconoce y realiza el valor intrínseco de todo ser humano sin importar su edad, sexo, raza o creencias. Por tanto, toda norma que establezca una prerrogativa en base a afinidades políticas es un atentado contra la dignidad de los excluidos.
Desde esta perspectiva, la ley de indulto es un caso de desigualdad arbitraria. ¿Por qué debemos eximir de responsabilidad penal a quienes han cometido delitos graves producto del estallido? Algunos argumentan que las injusticias estructurales del sistema sería una justificación. Pero de ser así ¿por qué solo indultar a los “presos de la revuelta”? ¿por qué ellos sí y otros no? ¿Por qué un sector político muestra preocupación por la prisión preventiva de solo unos pocos?
La indiferencia de la moción al resto de la realidad carcelaria es una muestra de que su fundamento es la lealtad ideológica de políticos e intelectuales hacia a los “presos de la revuelta”, pero cuyo sentimiento de justicia no alcanza a los “presos comunes”. Ahora bien, si existe una injusticia por la relación entre marginalidad y delito o por el uso de la prisión preventiva, entonces ¿por qué los presos comunes quedan excluidos?
El indulto aparte de ser jurídicamente improcedente es un proyecto que atenta contra la igualdad ante la ley y la dignidad, porque al final de cuentas sólo beneficia a quienes gozan de la afinidad política de sus promotores.
Observatorio Judicial