Cuando faltaban tan solo horas para el primer día en ejercicio del gobierno del presidente Boric, las entonces ministras entrantes Izkia Siches y Marcela Ríos señalaron a través de un comunicado de prensa «el retiro inmediato de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado». Así, a poco andar, a través del Ministerio de Interior y Seguridad Pública el gobierno optó por dejar su posición de querellante en una serie de causas en que se había invocado dicha ley, en el marco de los hechos de violencia que sellaron el estallido social de 2019.
Analizado un universo de 137 causas, a las que es posible acceder a través de la oficina judicial virtual del poder judicial, en Observatorio Judicial hemos podido constatar que, si bien en un 88% de los casos se persigue el robo en lugar no habitado, éste afectó desde grandes empresas hasta pequeños comerciantes, sin distinción, acarreando pérdidas millonarias para las víctimas. Tal es el caso del dueño de una ferretería ubicada en la comuna de la Granja que fue saqueada por un grupo de personas, entre las cuales existía un individuo que había sido condenado anteriormente por un delito de la misma especie, lo que originó que en este caso se dictara prisión preventiva y posteriormente fuera condenado a pena de cárcel (presidio menor, grado mínimo). Las pérdidas que sufrió el dueño tanto en este local como en otros dos de su propiedad, superan los 300 millones de pesos, según consta en la causa.
Más allá de los efectos jurídicos que acarrea el desistimiento del querellante –la extinción de la acción y el alzamiento de las cautelares– así como el efecto procesal de no contar entre los querellantes con el propio Estado (a través del Ministerio de Interior y Seguridad Publica), existe una potente señal hacia la impunidad en casos de violencia.
Asimismo, en un hecho tan lamentable como emblemático en términos de impunidad por la violencia en la zona sur de nuestro país, el pasado fin de semana vimos como los primos Tralcal, condenados a 18 años de prisión en el caso Luchsinger – Mackay, abandonaban el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Victoria para hacer uso del beneficio de salida dominical. Si a ello sumamos la imagen de la ministra de interior sufriendo un ataque al intentar ingresar a la comunidad mapuche Temucuicui y posteriormente descartando cualquier tipo de acción judicial, o el fallido intento de diálogo del subsecretario Monsalve con quienes le impidieron el paso a la comuna de Cañete que lo obligó a suspender toda actividad prevista en el lugar, la tesis de la indemnidad ante la violencia cobra fuerza y nos obliga a preguntarnos, si no es impunidad lo que se quiere ¿cuál será el camino que tomará el gobierno para hacer frente a estos hechos y entregar justicia y seguridad a la ciudadanía?