Tras la salida del ministro Patricio Valdés y luego de haber escuchado en audiencia pública a 15 candidatos, el Pleno de la Corte Suprema elaboró el pasado 9 de abril un listado con los cinco postulantes idóneos para ocupar su lugar. La nómina fue entregada al Presidente de la República y desde entonces se espera la designación con acuerdo del Congreso Nacional.

Para analizar los resultados de la votación, el contenido de las exposiciones presentadas por los cinco aspirantes de la quina y el perfil académico y profesional de cada uno, el Observatorio Judicial —centro de estudios dedicado al análisis de las decisiones y funcionamiento de los tribunales de justicia— elaboró un informe titulado “La vacante de Valdés”.

Los postulantes

Leonor Etcheberry Court —egresada de la Universidad de Chile, especialista en derecho de familia y directora del departamento de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales— fue la primera directora de la Academia Judicial y participa en el máximo tribunal como abogada integrante desde 2015, luego de haber sido reelecta este año. De los cinco postulantes, fue la más votada.

Para Etcheberry, según el centro de estudios, “la academia debe conceder un papel fundamental a la jurisprudencia de los tribunales superiores” y “piensa que, en la dictación de sentencias, los particulares conocen realmente los límites y alcances de sus derechos y obligaciones”.

El abogado Jorge Baraona González —egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra (España)— se ha destacado en el ámbito público y privado Fue alcalde de Renca, es socio de un estudio jurídico y fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, donde imparte clases de derecho civil. Fue abogado integrante de la Corte Suprema entre los años 2012 y 2015.

“Es fundamental —para Baraona— potenciar la carrera judicial” y “previene que dos de los aspectos de la reforma [al Código de Procedimiento Civil] deben ser analizados con mayor detalle. El primer elemento es el inicio de los juicios ejecutivos, que debiese estar fuera del Poder Judicial para descomprimir a los tribunales. El segundo elemento es la necesidad de conservar la casación civil, ya que la jurisprudencia de la Corte Suprema es esencial en el desarrollo del derecho privado”, dice el texto.

La abogada constitucionalista Ángela Vivanco Martínez —egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde imparte clases, y doctora en Derecho por la Universidad de La Coruña (España)— tiene un perfil “marcadamente académico”, según el documento. Fue decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás y directora de la Revista Chilena de Derecho.

El informe señala que, en su presentación ante la Corte, Vivanco destacó lo que llama “temas de frontera”, es decir, “la vinculación del derecho constitucional con problemas bioéticos” y recuerda que su tesis doctoral versó sobre la eutanasia. Agrega que, para Vivanco, “las soluciones de los tribunales deben ser recogidas por la ley, lo cual permite una mayor protección de los derecho y evita la arbitrariedad de las decisiones judiciales”.

Emilio Pfeffer Urquiaga —abogado de la Universidad de Chile— es director de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y fundador de un medio de comunicación dedicado a su especialidad. Es socio de un estudio jurídico y académico. Fue abogado integrante en la Corte de Apelaciones de San Miguel por 11 años y de la Corte Suprema entre el 2012 y 2015.

Durante su presentación, dice el documento, el abogado resaltó “la importancia de que la conformación de la quina sea un proceso público y en igualdad de condiciones. Agrega que los demás órganos del Estado que intervienen en la designación de los jueces deberían seguir el procedimiento”. Además, “para Pfeffer, el Poder Judicial deberá incluir la inteligencia artificial para alcanzar una justicia más oportuna”.

El quinto nombre de la nómina es el del abogado Gastón Salinas Ugarte —licenciado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Mendoza (Argentina)—, quien por 35 años se ha desempeñado como profesional del Consejo de Defensa del Estado, además de haber sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pedro de Valdivia y académico de la Universidad de Chile.

“Salinas —dice el texto— declara su admiración por Cicerón; jurista que en su opinión entendió la importancia de la justicia para el ciudadano común. Para Salinas este ciudadano común debe enfrentar el poder absoluto de empresas transnacionales y la negligencia de la administración pública y su burocracia”. Agrega, al finalizar, que el postulante plantea que “el activismo judicial debe enfocarse como una garantía del ciudadano común en su posición de desventaja ante una contraparte más fuerte”.

Núcleos de votación

Un análisis que agrega el informe del Observatorio Judicial es la forma en que los magistrados han votado —por dos o tres postulantes— para elaborar esta quina. Así, se observarían cuatro “núcleos de votación”.

El primero conformado por Sergio Muñoz, Milton Juica y Carlos Cerda, quienes votaron por Etcheberry y Salinas; luego, uno compuesto por Héctor Carreño, Rosa Egnem, Juan Eduardo Fuentes y Ricardo Blanco, todos quienes votaron por Vivanco y Salinas; el tercer núcleo es de Arturo Prado, Lamberto Cisternas, Rosa María Maggi y María Eugenia Sandoval, quienes coincidieron al votar por Baraona y Vivanco; finalmente, el cuarto, integrado por Carlos Künsemuller, Ana Chevesich y Andrea Muñoz quienes votaron por Etcheberry y Pfeffer.

Entre las demás votaciones, destacan como coincidencias —y no alcanzarían a constituir “núcleos de votación”— la decisión de Guillermo Silva, Rosa María Maggi y María Eugenia Sandoval, quienes votaron por Baraona y Pfeffer. Por su parte, Jorge Dahm, Haroldo Brito, Manuel Valderrama y Hugo Dolmestch votaron conforme a patrones que no resulta posible agrupar.6