En una sentencia unánime, el máximo tribunal ordenó al gobierno a coordinarse con la Municipalidad de Iquique para implementar “en un breve plazo” un plan de medidas que procure la “protección eficiente e integral” de las personas en el norte. Hace solo una semana la misma Sala Constitucional resolvió un recurso similar en el cual ordenó al Ejecutivo adoptar “en breve” medidas para proteger a víctimas de violencia en Arauco. Este criterio abre un debate sobre si la judicatura se está excediendo en sus facultades al asumir funciones de política pública que le competen a la autoridad gubernamental.

La sentencia la redactó el ministro Mario Carroza, pero refleja un criterio unánime de la Tercera Sala de la Corte Suprema. A juicio de esa sala, dedicada a asuntos constitucionales, el actuar del gobierno para enfrentar la crisis humanitaria, migratoria y sanitaria de la zona de Iquique ha sido poco eficaz y deficiente.

En ocho páginas, el máximo tribunal envió un duro mensaje al Ejecutivo. La sentencia -acordada por el voto favorable de los ministros Sergio MuñozÁngela Vivanco, CarrozaAdelita Ravanales y la abogada integrante Leonor Etcheberry- revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique y acogió el recurso de protección que presentó en enero el alcalde de Iquique, Mauricio Soria.

El recurso del edil recurría contra el Presidente Sebastián Piñera; el ministro del Interior, Rodrigo Delgado; el canciller Andrés Allamand y el entonces intendente de Tarapacá Miguel Ángel Quezada, y acusaba una vulneración a los derechos a la vida, a la salud e integridad física y síquica, tanto de los habitantes nacionales de Iquique así como también de los migrantes. Además, solicitaba una serie de políticas como, por ejemplo, medidas eficientes de control fronterizo, implementar programas que permitan el ingreso controlado de migrantes, un plan especial para regularizar la situación migratoria e incluso medidas que impliquen la inclusión de los migrantes en los beneficios del Estado hacia las personas para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia.

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El investigador del Observatorio Judicial Juan Francisco Cruz, hace un contrapunto: “No comparto la decisión ni el criterio de la Suprema, porque es un mero juicio de eficiencia. En los considerandos séptimo y octavo se reconocen las acciones del gobierno, pero simplemente las califican de ‘insuficientes’. Sin embargo, el fallo olvida lo esencial, a saber, argumentar por qué esa insuficiencia sería arbitraria. Para los ministros insuficiencia o ineficacia equivaldría a arbitrariedad, y eso es un error. Una acción puede ser insuficiente, pero no arbitraria”.

En esa misma línea, Cruz agrega que “dicho fallo excede los límites de la acción de protección, porque una vez más, ¿cuál sería la ilegalidad o la arbitrariedad? Para que proceda el recurso la Tercera Sala debe argumentar minuciosamente que las acciones en cuestión son palmariamente irracionales o desproporcionadas. El recurso de protección no es una vocería para denunciar las limitaciones de la política”.

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