El vandalismo no es pura irracionalidad. Luego de guillotinar al rey, los revolucionarios franceses decapitaron a los reyes de Judá que había en el frontis de la catedral de Nôtre-Dame. Un desborde de los instintitos que obedecía, no obstante, a una estricta lógica iconoclasta.

Nuestro Palacio de Tribunales no será Nôtre-Dame, pero los rayados en su fachada también envían un mensaje. A simple vista, se trata de los mismos eslóganes que vemos repetidos en todo el país: “yuta asesina”, “libertad a los presos políticos”, etcétera. Pero al estar escritos en las columnas de las cortes, significan otra cosa: no aceptaremos la decisión de los tribunales. No queremos jueces imparciales. La única justicia es la que dicta la calle.

Paradójicamente, al interior de las cortes se discute sobre la legitimidad de las funas. Según razona la Tercera Sala de la Corte Suprema, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, pues limita con el derecho a la honra de las personas funadas. Además, constituyen un acto de autotutela, reñido con el debido proceso y la vigencia del Estado de derecho. Ciertamente, un razonamiento jurídicamente impecable. Pero yo me pregunto si el arzobispo de París habrá estado oficiando misa mientras los revolucionarios destrozaban el patrimonio escultórico de la sede episcopal.

Obviamente, un cura que no hace misa no es cura y un juez que no resuelve conforme a derecho no merece ser llamado juez. Los tribunales hacen bien en ejercer su oficio con normalidad, aún en medio de grafitis, funas, amenazas digitales y proyectos de ley de indulto a violentistas. Al fin y al cabo, el ejercicio constante de la actividad jurisdiccional comunica más que los discursos y los eslóganes altisonantes.

Pero los jueces no deben ser ingenuos frente a las fuerzas que los amenazan. Aunque la imparcialidad es, quizás, el principal deber que pesa sobre los hombros de los jueces, existe una serie de valores o principios respecto de los cuales no pueden ser imparciales: la vigencia del Estado de derecho, el principio de separación de poderes, el respeto al debido proceso, la prohibición de la autotutela y, por supuesto, la propia imparcialidad del juez. Tales son los pilares que sostienen el orden republicano del que los jueces no son meros árbitros, sino guardianes comprometidos.

Lamentablemente, estos valores no son compartidos por todos. No sólo en la calle, sino que también en el Congreso hay quienes critican a los jueces por hacer cumplir el derecho. Precisamente estas semanas se discute en el Senado el proyecto de ley de indulto a los imputados del estallido social. La iniciativa desconoce la independencia judicial, pues razona como si los jueces y los fiscales fuesen agentes políticos, y que sus resoluciones obedecieran a un plan de “criminalizar la protesta social”. Ello se suma a las dos acusaciones constitucionales contra ministros de tribunales superiores de justicia en los últimos años, así como a los cuestionamientos ideológicos a los candidatos a la Corte Suprema.

Es improbable que nuestros jueces acaben como las Carmelitas guillotinadas por los jacobinos mientras cantaban el “Salve Regina”. Pero es importante que reconozcan quienes son nuestros modernos jacobinos, incluso si el deber de su investidura les impone un religioso silencio.