La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Chile por vulnerar la libertad de expresión del juez Daniel Urrutia, a propósito de un trabajo académico en que atacaba al Poder Judicial y que fue sometido por el propio juez a la autorización de la Corte Suprema. Victorioso, y en uso de su confirmada libertad de expresión, el juez señaló que “a ojos del Sistema Interamericano nuestro Poder Judicial no garantiza ni promueve los DD.HH.”, afirmó que en Chile hay presos políticos y llamó a los convencionales constituyentes a “refundar el Poder Judicial”.

Pero dejando a un lado el ruido mediático a que nos tiene acostumbrados el juez Urrutia y la tirria que genera en los tribunales superiores de justicia, el problema abordado por la CIDH no deja de ser interesante: ¿Gozan los jueces de libertad de expresión? En la afirmativa, ¿cuáles son sus limitaciones? Más importante aún, ¿cómo se justifican estas limitaciones?

Lamentablemente, aunque parte de premisas correctas, y aunque la solución parece adecuada, el razonamiento de la CIDH para llegar a ella adolece de serias deficiencias lógicas. Ello deviene en un abordaje impreciso y superficial del problema. Veamos.

De manera acertada, la CIDH comienza señalando que la Convención Americana garantiza el derecho a la libertad de expresión de las personas que ejercen funciones jurisdiccionales, pero que estos “pueden estar sujetos a restricciones distintas y en sentidos que no afectarían a otras personas, incluyendo a otros funcionarios públicos”.

En apoyo de esta doctrina, además de su propia jurisprudencia, cita los “Principios Básicos de Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura”, así como también los “Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial”, todos los cuales coindicen en reconocer la libertad de expresión de los jueces, pero exigiendo que esta se ejerza de un modo que “preserve la dignidad de las funciones jurisdiccionales y la imparcialidad e independencia de la judicatura”.

Precisando la naturaleza de estas restricciones, la CIDH señaló que los límites a la libertad de expresión de los jueces deben cumplir tres exigencias: (i) estar fijados por ley, (ii) responder a un objetivo permitido por la Convención Americana y (iii) ser necesarios en una sociedad democrática.

Hasta aquí todo bien. Pero enunciadas las premisas, la sentencia resolvió sin más rodeo que “no es acorde a la Convención Americana sancionar las expresiones realizadas en un trabajo académico sobre un tema general y no un caso concreto, como el realizado por la presunta víctima de este caso”. ¿Cómo llega la Corte desde las premisas a esta conclusión? No lo sabemos. Se trata de un déficit argumentativo grave: la CIDH no puede contentarse con enumerar principios y requisitos al voleo y luego hacer caso omiso de ellos, resolviendo prudencialmente cualquier otra cosa.

Comencemos analizando la primera exigencia. La CIDH omite señalar que los límites a la libertad de expresión de los jueces chilenos están establecidos por ley, específicamente en el artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales. En lo que respecta al caso analizado, el numeral 4 prohíbe “publicar, sin autorización del Presidente de la Corte Suprema, escritos en defensa de su conducta oficial o atacar en cualquier forma, la de otros jueces o magistrados”.

Tampoco se analiza la segunda exigencia, es decir, si dichas restricciones responden a un objetivo permitido por la Convención Americana. Por ejemplo, “la dignidad de las funciones jurisdiccionales y la imparcialidad e independencia de la judicatura”, citadas en la propia sentencia, podrían haber servido perfectamente como justificación de la norma del artículo 323.

Finalmente, se omite del todo una reflexión sobre el rol que estos fines cumplen en un sistema democrático, así como la necesidad, idoneidad o proporcionalidad de la medida sancionatoria adoptada en relación a dichos fines. Con ello se habría satisfecho el examen de la tercera exigencia.

Ahora bien, este evidente déficit argumentativo no lleva necesariamente a la conclusión de que la decisión de la CIDH estuvo equivocada. Pero un análisis más fino y lógicamente consistente se habría percatado, por ejemplo, de que la sanción contra el juez Urrutia infringía la propia legislación cuestionada. En efecto, el juez no publicó sin autorización un ataque contra el Poder Judicial —como exige el artículo 323 N.º 4 del COT—, sino que se limitó a someter dicho trabajo a la autorización de la Corte Suprema, es decir, hizo exactamente aquello que la ley le ordenaba hacer. Atendida esta circunstancia, todas las disquisiciones posteriores parecen ociosas.

Dicho esto, la falta de cumplimiento de los estándares analíticos exigidos por la propia CIDH solo contribuye a aumentar la confusión en la materia. Al respecto, la CIDH afirma que “la compatibilidad de dichas restricciones [a la libertad de expresión] con la Convención Americana debe ser analizada en cada caso concreto, tomando en cuenta el contenido de la expresión y las circunstancias de la misma”. En ello debemos leer una verdadera confesión de su renuncia a argumentar de manera sistemática conforme a reglas y principios jurídicos, seguida de una declaración de la prevalencia absoluta de la prudencia de la Corte.

Porque, en definitiva, la gran incógnita resultante de la lectura de la sentencia de la CIDH es donde empieza y dónde termina, precisamente, la libertad de expresión de los jueces. Tampoco responde cómo se articula dicha libertad con la independencia, la imparcialidad y la dignidad de los mismos, privando a los destinatarios de una inteligencia más profunda sobre el sentido de las reglas que rigen la materia.

Como bien señala Jorge Antonio Climent, la restricción de la libertad de expresión se fundamenta no solo en la imparcialidad de los jueces, sino también en la apariencia de imparcialidad que estos deben mantener. “Si no gozásemos de una judicatura imparcial que en su actuar únicamente esté sometida al imperio de la ley, no solo quedaría en entredicho el derecho fundamental del justiciable a obtener un juicio justo, sino que, además, quedaría deslegitimado el Poder Judicial en sí mismo considerado”.

No basta, pues, con que los jueces sean imparciales. Para dar garantías los jueces deben ser como la mujer del César. Las sucesivas polémicas protagonizadas por Daniel Urrutia le han valido el apoyo de quienes lo ven como un juez progresista o un juez socialmente comprometido, pero, ¿gozan sus ajusticiados de la tranquilidad de que su caso será resuelto por un juez neutro? Y si un juez no es visto como imparcial, entonces ha perdido toda legitimidad para ejercer el poder público que se le ha conferido. Entonces, el sentido de las restricciones a la libertad de expresión de los jueces es impedir el daño a su propia autoridad en cuanto que jueces, así como el daño al Poder Judicial como un todo.

Nada de esto aparece en la sentencia de la CIDH. Es cierto que la decisión del caso parece correcta, pero el tratamiento lógico y jurídico de la materia es tan confuso que el propio juez Urrutia se sintió autorizado para comentar la sentencia con la libertad de un parlamentario, repartiendo acusaciones y consignas políticas a destajo. La tarea de los tribunales —nacionales e internacionales— es dar precisión y claridad a las normas, no abrir interrogantes ni poner en entredicho la consistencia de los sistemas jurídicos, sin hacerse cargo de las consecuencias.