El comediante Bill Burr afirma que descubrió la táctica de su mujer para ganarle todas las discusiones. Cuando ella tiene la razón, no suelta jamás el punto. Cuando no la tiene, cambia el punto de la discusión permanentemente. Machismo aparte, el chiste ilustra la estrategia argumental de los defensores del indulto a los violentistas de octubre de 2019.
Primero, había que liberar a los “presos políticos”. Se les respondió que en Chile no existen presos políticos. Lo dijo la Corte Suprema. Lo dijo el Ministerio Público. Lo dijo Human Right’s Watch. Se añadió que Amnistía Internacional sólo exige la libertad de los prisioneros de conciencia y que respecto de los que utilizan violencia por motivos políticos sólo demanda un juicio justo. Se insistió en que decir que había presos políticos implicaba que el sistema de justicia recibía órdenes del gobierno, obviando la separación de poderes.
Bueno, pero el punto no es si son o no son presos políticos, ¡el punto es que claramente están criminalizando la protesta! Se respondió que no existe el derecho a la protesta violenta. Que la Constitución y todos los tratados internacionales sólo consagran el derecho a la reunión pacífica y sin armas. Además, se insistió en que no se puede defender hasta la náusea que las protestas son pacíficas y condenar la violencia para, acto seguido, pedir la impunidad de los violentistas. Se les respondió también que los únicos que han criminalizado las protestas son los propios delincuentes, que aprovecharon las manifestaciones para cometer saqueos y vandalismo.
Pero el punto no es ése, el punto es que hay un abuso de la prisión preventiva. ¡Los juicios duran demasiado! ¿No les parece sospechoso tener más de 800 personas presas por meros desórdenes públicos? Nuevamente, ya con la voz cansada, se respondió que el número de imputados sujetos a prisión preventiva apenas asciende a 25, no 800. Que ninguno de ellos está preso por tirar piedras o hacer barricadas, sino por delitos gravísimos, como homicidio frustrado, robo con intimidación o incendio con peligro para las personas. Que la mayoría de los procesados eran reincidentes o tenían órdenes de detención pendientes.
Más aún, se insistió en que la duración de los juicios era completamente normal. Que un juicio dura en promedio dos años y que, si bien el tiempo puede parecer excesivo, ello no es un problema de los presos de octubre, sino de todo el sistema. Que dar un beneficio a los simpatizantes de determinadas causas políticas era una afrenta para todos los demás imputados y condenados que no recibirían el indulto por no contar con santos en la Corte.
Puede ser, pero aquí lo que se requiere es un gesto de reconciliación. Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva para empezar este nuevo ciclo político y liberar a los héroes de la revuelta. Entonces, preguntamos: ¿qué responder a las víctimas que no recibirán justicia? ¿Cómo iniciar un proceso constitucional bajo la presión de los violentistas?
Nos miran perplejos, como si no entendieran de qué estamos hablando y luego gritan a todo pulmón: ¡Libertad a los presos políticos!