Noticias

Lluvia de requerimientos: El efecto que podría tener en los tribunales la aplicación de una nueva Constitución

“dado que la nueva Constitución va a significar un cambio sustantivo en el fondo de la antigua institucionalidad, yo creo que van a abrirse muchos espacios de ambigüedad”

Publicación: La Tercera

Un desafío no menor tendrán los tribunales en caso de aprobarse el tránsito a una nueva Constitución en septiembre. Y es que la propuesta de texto desarrollada por la Convención establece una serie de derechos sociales, que de aprobarse, deberán ser garantizados por el Estado, lo que augura un posible aumento en la interposición de recursos de protección solicitando la garantización de los nuevos derechos. Junto con eso, se propone el establecimiento de una nueva figura legal, la que reemplazará a dichos recursos.

Durante la discusión de las normas transitorias, el Poder Judicial levantó algunos cuestionamientos ante los cambios que se introducirían y la necesaria gradualidad en la aplicación de éstos. Si bien, finalmente fueron aprobados, de no haber ocurrido aquello habría significado la salida de al menos 100 jueces.

(…)

Juan Francisco Cruz, abogado y miembro del Observatorio Judicial, sostiene que “dado que la nueva Constitución va a significar un cambio sustantivo en el fondo de la antigua institucionalidad, yo creo que van a abrirse muchos espacios de ambigüedad”. Esto podría derivar, asegura, en que en la aplicación de la nueva Carta Magna “pueden surgir obviamente conflictos y potenciales vulneraciones al derecho de las personas y creo que son los tribunales los principales llamados a proteger esos derechos”.

El papel de los tribunales ante la explosión de recursos

(…)

Juan Francisco Cruz considera como una mala alternativa que sean los tribunales quienes deben garantizar la aplicación de los derechos sociales: “Lo lógico es que exista una ley que en el fondo en base a la realidad de las disponibilidades cree una política pública adecuada para poder realizar ese derecho social en la mayor medida de lo posible, y creo que una vez que ocurra eso ahí recién deberían entrar los tribunales”. Ante eso, explica que el rol de tribunales “más que asegurar o entregar directamente la satisfacción del derecho social, es velar porque los distintos órganos públicos respeten las políticas públicas que se aprobaron en el Congreso”.

“Entonces en ese sentido los tribunales creo que lo que tienen que estar es a la espera de que se concreten esas políticas públicas en las leyes y después vendrá un rol de velar porque esas leyes se respeten”, complementa.

Una nueva figura

(…)

El pleno de la Convención ya aprobó que, de haber una nueva Constitución, el Presidente tendrá un plazo de seis meses para enviar un proyector de ley que regule la acción de tutela. Mientras tanto, seguirá vigente la establecido hasta ahora, es decir, los recursos de protección, los que son tramitados en la Corte de Apelación y apelables en la Suprema.

Cruz, por su parte, advierte que esta nueva norma es “tremendamente amplia, es más, se quita por ejemplo el requisito de ilegalidad y arbitrariedad. Pareciera ser con que simplemente bastara con que no se satisfaga el derecho social para recurrir a tribunales, ni siquiera tuviera que reclamar que existe una ilegalidad de parte de un órgano público o una arbitrariedad”.