Por primera vez, la Universidad Católica de Chile decidió otorgar a una mujer el Premio Abdón Cifuentes, un importante galardón de esa casa de estudios.

Se trata de la abogada María Elena Santibáñez, quien recibirá hoy el reconocimiento que entrega ese plantel para premiar a aquel profesor que haya logrado un impacto positivo y directo en la sociedad, transformándose en un aporte al país y al desarrollo de las políticas públicas.

La distinción se creó en 2013 y la han recibido los profesores Joaquín Montero, de la Facultad de Medicina; Bonifacio Fernández, de Ingeniería; Alejandro Aravena, de Arquitectura; José Luis Cea, de Derecho, y Jorge Manzi, de Psicología.

La directora del Departamento de Derecho Procesal de la UC, María Elena Santibáñez, es además encargada de la Oficina Penal en la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho y miembro del Directorio del Observatorio Judicial. Fue la primera directora de la Unidad de Delitos Sexuales y Violentos de la Fiscalía Nacional y se ha especializado en políticas públicas, infancia y delitos sexuales.

Representando a una veintena de víctimas, consiguió junto con la fiscalía que el ataque explosivo en el subcentro estación Escuela Militar del Metro (en septiembre de 2014) fuera calificado como delito terrorista, hubiera una condena y se indemnizara a algunos de los afectados.

Su último logro es haber firmado en mayo un convenio para ampliar la clínica jurídica y desarrollar un proyecto especial con niños víctimas de delitos, gracias a una donación de Lucy Ana Avilés, la chilena que financió el avión que colaboró para apagar los incendios de 2017.

Denuncias de acoso

El movimiento feminista le ha repercutido personalmente, porque está a cargo de recoger las denuncias de las alumnas cuando quieren entablar acciones legales. Sobre las que recibe por abuso sexual, explica: “Luego de la toma he tenido un incremento de un 200%; es decir, una al día a lo menos, sin contar todas las denuncias recibidas por acoso sexual que llegan a Secretaría General”.

Continúa: “El tema es que son todos hechos antiguos y, por lo tanto, hay dificultad probatoria. La mayoría asociados en contextos con compañeros o también fuera de la universidad”.

Y apunta a un foco que estima está poco visibilizado: “También se ha producido un problema, porque algunas han adoptado la modalidad de hacer funas públicas. Y eso es complicado porque puede acarrearles eventuales responsabilidades y verse expuestas a reacciones de parte de los individuos que reciben la funa. No creo que sea la forma de resolver este tipo de conflictos. Es nuestra responsabilidad hoy día visibilizar este problema dentro de los estudiantes”.

Publicación: viernes 8 de junio de 2018, El Mercurio.