José Miguel Aldunate, Director Ejecutivo de Observatorio Judicial, integró mesa de expertos que sesionó semanalmente entre el 25 de octubre y el 17 de diciembre.
Tras un poco más de dos meses de análisis, la mesa de trabajo multidisciplinaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elaboró un diagnóstico del actual sistema de nombramiento de jueces logrando identificar algunos de los nudos que se deben resolver.
En un informe entregado ayer al ministro de Justicia, Hernán Larraín, se recomienda, por ejemplo, crear un organismo colegiado que tenga la facultad de nombrar a los jueces que deben integrar el escalafón primario del Poder Judicial y que sea similar al sistema de Alta Dirección Pública en la selección de profesionales.
Se espera que esta idea se materialice en un futuro proyecto de ley que sería enviado al Congreso a fines del primer semestre de este año.
La creación de un consejo o comisión de nombramientos debería, “hacerse cargo de la definición inicial y actualización de los perfiles de cargo para cada tipo de tribunal y judicatura, del proceso de selección y elaboración de nóminas de candidatos conforme a un ranking, y de la designación final”, dice el documento. En la actualidad las ternas para jueces son elaboradas por las 17 Cortes de Apelaciones del país, y la elección del candidato recae solo en el ministro de Justicia.
Antigüedad por experiencia profesional
Respecto de los méritos y perfiles de los cargos dicen que los concursos deben orientarse a satisfacer los perfiles definidos para cada caso, de manera que el sistema exija una diferenciación entre los candidatos que permita alinear atributos, destrezas, trayectoria y conocimientos específicos acreditados, con las necesidades profesionales.
Para ello, se recomienda que la antigüedad a la que alude la Constitución y el Código Orgánico de Tribunales como criterio de selección, debe reemplazarse por experiencia profesional específica relativa al cargo que se postula.
Seleccionar a los mejores por ranking
Otra propuesta es la realización de “concursos transparentes, objetivos, dotados de mecanismos de impugnación efectivos, claramente regulados en la ley, deberán garantizar una selección de los mejores calificados conforme a estos conceptos”.
En la actualidad las ternas las realizan las Cortes y las quinas la Corte Suprema.
A juicio de la mesa debe considerarse también que estos concursos deben concluir en la elaboración de nóminas ordenadas según puntaje (ranking), que sean vinculantes para la elaboración de las ternas o quinas. Asimismo, que se publiquen los resultados de los concursos y de información estadística relativa a los concursos.
Si bien la regulación actual también entrega un rol importante a las calificaciones en el proceso de nombramientos, la mesa estima que estas “no constituyen una herramienta que entregue información relevante y diferenciada sobre los candidatos y las candidatas (entre otros problemas)”, porque la mayoría obtiene sobresaliente.
En este sentido, se recomienda además que exista un órgano distinto al superior jerárquico para depurar “los elementos que puedan amenazar la independencia interna”.
Abrir postulación de abogados externos
La mesa consideró además que sería un aporte al sistema actual el abrir la postulación a las Cortes de Apelaciones a abogados externos al Poder Judicial, estableciendo los mismos requisitos de mérito exigidos a los jueces de primer grado, y asegurando que el diseño del perfil permita la competencia igualitaria entre externos e internos. “Esto sería una condición para la exigencia de mérito dentro y fuera del Poder Judicial”, concluyen.
Falta de representación igualitaria de mujeres
En su diagnóstico la mesa detectó que uno de los problemas en los nombramientos es la falta de representación igualitaria de las mujeres en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema, por lo que piden un “mecanismo transitorio para superar las brechas de representación, la introducción del género como elemento dirimente al momento de formular las ternas y quinas”.
Esto significaría que, en caso de presentarse un empate en la votación para decidir la integración de una terna o quina, y existiendo entre los postulantes empatados igualdad de méritos para el cargo, deba decidirse por la candidata mujer, si es que no hubiera ya dos mujeres seleccionadas a la terna o tres mujeres seleccionadasa la quina.
La mesa estuvo integrada por los académicos Jaime Arellano (Centro de Estudios de Justicia de las Américas); Lucas Sierra (CEP); Natalia González (LyD); José Miguel Aldunate (Observatorio Judicial); Carmen Domínguez (Colegio de Abogados); Cecilia Rosales (PUC); Felipe Opazo (U. de Chile); Francisco Zúñiga (Instituto Igualdad); Soledad Piñeiro y Mauricio Olave (Asociación Nacional de Magistrados).