Publicación: El Mercurio
Señor Director:
Una de las principales causas de la judicialización de la migración, es una institucionalidad anacrónica y obsoleta todavía vigente. Desde esa perspectiva, la Corte Suprema ha construido el siguiente criterio para juzgar la razonabilidad de la expulsión: si el extranjero posee familia o trabajo en el país, entonces el fundamento de la expulsión debe ser mayor al meramente formal, es decir, no basta con constatar una infracción a la actual normativa migratoria.
Ahora bien, ese reproche de formalismo también alcanza a la propia Corte, porque en su jurisprudencia no han desarrollado sistemáticamente cuál es el estándar argumentativo adecuado. En otras palabras, la Administración está ciega respecto a las razones que satisfacen el criterio de razonabilidad esperado por el Máximo Tribunal. Por tanto, la pregunta es: ¿qué argumentos se deben esgrimir para expulsar a un migrante, además de los legales?
La nueva ley de Migración y Extranjería debería resolver estos problemas, toda vez que regula de manera detallada la expulsión, a saber, sus causales, debido procedimiento, criterios de ponderación y vía de reclamación judicial. Esperamos que entre pronto en vigencia.
Juan Francisco Cruz Salas, investigador del Observatorio Judicial.