Hace dos semana, la Tercera Sala de la Corte Suprema decidió que el proyecto Mall Vivo de Vicuña Mackenna deberá someterse a un proceso de
participación ciudadana (PAC) de los vecinos de Ñuñoa, pese a que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) lo había descartado y le había concedido su permiso en marzo pasado.

Un día después, la misma sala presidida por el ministro Sergio Muñoz decretó el fin de los edificios de alta densidad poblacional en Estación Central, al establecer que los planos reguladores -que deben ser diseñados con participación de la comunidad- son los encargados de normar los proyectos de edificación de altura continua. Y en esta comuna no existía.
Según los expertos, estos fallos no son aislados sino que apuntan a la formación de una doctrina jurídica. La Sala Constitucional de la Suprema, liderada históricamente por Muñoz y que acompañan las ministras María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco y Adelita Ravanales, está respondiendo con sus fallos a las áreas grises que deja la legislación y que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo se preocupan de aclarar en términos de asegurar una participación ciudadana efectiva en los proyectos de inversión inmobiliarios y urbanos.

Estas mismas señales ya las había enviado con anterioridad en fallos sobre isapres, y sobre la afectación socio ambiental de proyectos energéticos y mineros, donde también buscaba profundizar la vinculación con la comunidad.
“Los proyectos inmobiliarios están viviendo hoy lo que vivieron los proyectos energéticos hace una década. Sus escasos espacios de participación afectan su legitimación con la comunidad y eso está siendo analizado por la corte”, comenta el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, Luis Cordero. Pero cree que “no corresponde personificar el actuar de una sala en un sólo magistrado”.

Aunque otros observadores del mundo judicial sostienen que el sello de Muñoz prevalece en una sala donde se han retirado varios ministros que pudieron en su minuto generar un contrapeso al magistrado que trabajó en casos como el del asesinato de Tucapel Jiménez, Patio 29 o el de las cuentas de Augusto Pinochet.

“Muñoz ejerce un peso indesmentible en la 3ª Sala. En un estudio anterior sobre el funcionamiento de la última integración de la 3ª Sala, pudimos observar que el ministro Muñoz contaba con el mayor número de integraciones, el mayor número de sentencias redactadas y el menor número de votos de minoría (…) Por otra parte, la principal disidente de los criterios de Muñoz en el período que nosotros analizamos, la ministra Rosa Egnem, solicitó su traslado a la Primera Sala”, afirma el director ejecutivo del Observatorio Judicial, José Miguel Aldunate.
Además, recuerda Alejandro Vergara, profesor de Derecho Administrativo de la UC, de la 3ª Sala salieron los ministros Arturo Prado y Pedro Pierry, quienes podrían haber tenido visiones distintas o algo contrapuestas a su
presidente.

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