Este lunes se inauguró el año judicial. En la instancia, el flamante presidente de la Corte Suprema (CS), Guillermo Silva, abordó algunas temáticas del año que viene y, obviamente, del que se va. Lo más llamativo fue su preocupación por la situación que vive el país, así como “la alta tensión existente entre quienes participan de las manifestaciones sociales y los agentes del Estado”.

Al respecto, es interesante la jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones sobre uso de balines y perdigones por parte de Carabineros. Contra lo informado por la prensa, el grueso de las cortes se decantó por rechazar los recursos de protección interpuestos contra las policías, ordenando, no obstante, que éstas se abstuvieran de disparar contra manifestantes pacíficos. Esto, como lo señalan las propias sentencias, es lo mismo que ordenan los protocolos de Carabineros. Con ello, las cortes demuestran una encomiable voluntad de resolver con apego al derecho.

También cabe destacar la inmensa cantidad de causas tramitadas por la justicia penal desde el estallido social. Sólo entre octubre y enero ingresaron 143.215 causas a los Juzgados de Garantía, de las cuales el 36,2% están terminadas. Con todo, llama la atención que 30.313 de estas causas hayan concluido por no inicio de la investigación.

Luego, el ministro Silva recordó que Chile cuenta con un Poder Judicial independiente y probo. Sin embargo, no debemos olvidar que en 2019 presenciamos el escándalo de corrupción de tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, por tráfico de influencias y pagos indebidos. El caso concluyó la expulsión del Poder Judicial de dos los ministros y con otro que se quitó la vida.

Además, el presidente de la CS recordó las tensiones vividas con “otros órganos jurisdiccionales”. Evidentemente, se refería a la sentencia de la CS señalando que los tribunales de la justicia se encuentran autorizados para revisar las decisiones del Tribunal Constitucional. El único propósito de la sentencia fue redefinir las atribuciones del Tribunal Constitucional en relación a la justicia ordinaria, pues ni siquiera afectó a las partes del litigio. Este es exactamente el tipo de reflexión que se espera del constituyente o del legislador, pero, en ningún caso, de los tribunales de justicia. Todo lo contrario de “ratificar la vigencia de nuestro ordenamiento jurídico”, como quiere el ministro Silva.

En cuanto a la convención constitucional, señaló que si bien el debate deberá instalarse en los órganos políticos, “ello no obsta a que cada ente involucrado ponga a disposición su expertise en la discusión del proceso constituyente”. En este ejercicio, es de esperar que impere la defensa de la independencia judicial y no un ánimo de “complacer a las mayorías”, usando las palabras del propio presidente Silva.

Todo indica que 2020 será un año difícil para el Poder Judicial, debiendo hacer frente a desafíos como la probidad de los jueces, el resguardo del orden público, el respeto de los derechos humanos, y el debate constitucional, que sin lugar a dudas abordará la estructura del tercer poder del Estado.