No es un conflicto nuevo. Ya antes el Ministerio Público (MP) se ha enfrentado con la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acerca de quién debe perseguir los delitos económicos y ejercer la acción penal. Ahora, a raíz del proyecto de ley que endurece las penas al delito de colusión, se ha vuelto a reabrir el debate.

El Observatorio Judicial hizo un análisis de los resultados tanto de la FNE como del MP en la persecución de ilícitos económicos. Anticiparon que no es posible comparar entre ambas instituciones, sino más bien mostrar cómo los datos sugieren que la investigación de los delitos de alta complejidad económica —como la colusión— requieren de mayor especialización y, por lo mismo, deben quedar radicados en órganos técnicos, como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y la FNE.

Entre el período 2004-2019, el tribunal especializado ha dictado 61 sentencias en que la FNE ha sido parte en la denuncia de ilícitos que atentan contra la libre competencia, como colusión, precios predatorios y abuso de posición dominante. Y la actividad de la FNE ha sido favorable, ya que en 43 oportunidades, es decir, el 70% de las veces se logró que el TDLC condenara al infractor. “Ahora bien, el bajo número de causas y el largo promedio de tramitación (743 días promedio) sugieren que los ilícitos tipificados en el DL 211 son complejos, tanto en su detección e investigación como en su tramitación ante TLDC”, indica el análisis del Observatorio Judicial.

Al desagregar los resultados según el tipo de infracción se aprecia que respecto del ilícito de colusión, en el 80% de los casos se logró que el TLDC condene al infractor, con 24 de 30 casos con condena, seguido de las 12 condenas que obtuvieron en abuso de posición dominante y las cinco por incumplimiento de resolución.

Los números del Ministerio Público

Por su parte, durante el período 2016-2019, el Ministerio Público ha tramitado y finalizado un total de 552.448 causas relacionadas con delitos económicos —que abarcan desde estafas hasta ilícitos
financieros, aduaneros o tributarios—, que se tramitan en 518 días, obteniendo sentencia condenatoria en el 3% de los casos, que se compara con el mayor éxito que han tenido en delitos como el homicidio, que se tramitan en 533 días, y donde la tasa de condena es del 44%. En drogas, tardan 348 días y la tasa es de 37%.

“Frente a la problemática de si el MP debería investigar de forma autónoma los delitos de alta complejidad económica, como la colusión, sus propias estadísticas muestran una institucionalidad que rinde sus mejores resultados en la persecución de delitos como el homicidio y el narcotráfico. Mientras que en los delitos económicos las tasa de condena, a pesar del alto tiempo de tramitación, no supera el 3%. En ese sentido, es indicativo que el 66% de las causas por delitos económicos —362.219 de un total de 552.448— finalizan por archivo provisional, es decir, el MP no realiza una investigación, debido a que carece de los antecedentes
necesarios para lograr una persecución exitosa”, indica el análisis del Observatorio Judicial.

Estiman, además, que la FNE tiene una mejor estructura profesional para atender estas investigaciones. “La FNE cuenta con un diseño institucional que optimiza los resultados en la persecución de delitos económicos de alta complejidad, cuenta con un personal de 111 personas compuesta por abogados e ingenieros civiles y comerciales dedicados exclusivamente a la investigación de las infracciones del D.L. 211”.

En conclusión, dicen el informe, “los datos muestran que el actual diseño en la investigación de los delitos de colusión responde a la especialidad que exige la persecución de tales delitos. Esto permite que cada institución se concentre en aquello para lo que tiene ventajas comparativas: el MP en la persecución de lo que podríamos llamar delitos comunes, y la FNE en la investigación de delitos económicos de alta complejidad. La superposición de facultades investigativas rompería con dicho esquema, siendo una
solución que institucionalmente generaría enfrentamientos más que cooperación entre las instituciones”.