“Es importante que la comunidad política le dé a la Corte Suprema la tranquilidad de que va a respetar sus decisiones”, señala José Miguel Aldunate, abogado y director de Estudios del Observatorio Judicial. El experto se refiere al rol clave que tendrán los jueces de la Corte Suprema en el proceso constitucional. Pues serán cinco ministros del máximo tribunal quienes tendrán que ver las reclamaciones que hagan los constituyentes ante posibles vicios en la elaboración de la nueva Constitución.

Este y otros temas relacionados con la independencia judicial son los abordados en el primer capítulo de la Serie Constitucional elaborada por Observatorio Judicial en alianza con El Líbero.

Las siguientes entregas abordarán los temas: Judicialización de los derechos sociales; Tribunal Constitucional; Control Constitucional al Ministerio Público, y Consejo de la Magistratura.

En entrevista con El Líbero, el abogado José Miguel Aldunate profundiza sobre la importancia de la independencia de los jueces, por qué debe quedar garantizada en la Constitución y su relación con el proceso constitucional.

-En el estudio ustedes muestran cuán importante es asegurar la independencia judicial en la Constitución, tanto para proteger los derechos de las personas como para resguardar la separación de los poderes del Estado. ¿Por qué considera que es necesario remarcarlo cuando es algo que uno piensa que se da por sentado?

-Los jueces son como la última línea de defensa del estado de Derecho, son la última línea de defensa del cumplimiento de la ley y de la separación de poderes, por eso es tan importante que los jueces sean independientes de los otros poderes del Estado. Además, ellos tienen una relación muy directa con el ciudadano. Cuando el Congreso hace una ley está pensando en abstracto para todos los ciudadanos, pero luego quien aplica la ley a una persona que tiene nombre y apellido, es el juez. Por eso es muy importante que el juez tenga como único criterio la ley. Y para eso es muy importante que los jueces no hagan política porque la ley es un resguardo que tenemos los ciudadanos contra la arbitrariedad del poder. El fondo de la independencia judicial es hacer posible la imparcialidad.

-Ustedes plantean que los jueces están expuestos a una presión interna y externa,  y que esta última se da menos en Chile. ¿Cuáles son esos tipos de presiones y cómo evitarlas?

-Cuando uno se enfrenta a un proceso como este, que tiene muchas ansias refundacionales, hay un ímpetu enorme por hacer reformas y eso puede ser bueno o malo, pero lo que sí sería malo es que en ese ímpetu perdiéramos cosas que son valiosas hoy. Efectivamente de cara a los otros poderes del Estado, en general, Chile es un país donde se respeta bastante la independencia externa, obviamente todo es perfectible, pero si comparamos con otros países de la región, nuestros jueces son bastante independientes de los poderes del Estado. No así, respecto de la independencia interna donde hay más dificultades en esa materia, sobre todo por el rol que cumple la Corte Suprema y la manera en que están estructurados los nombramientos, el sistema disciplinario y las calificaciones. Y los jueces pueden terminar siendo traicionados por objetivos institucionales o gremiales. Pero en presión externa a los jueces, Chile está muy bien y esperamos que se profundice.

Identificamos que, en el último tiempo, donde más se ha manifestado el riesgo que corre la independencia externa es en materia de acusación constitucional contra jueces, por el uso abusivo que se ha hecho de ella.

-De hecho hubo una acusación constitucional contra ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema…

-La acusación constitucional tiene que ser por notable abandono de deberes y a lo largo de la historia, el Congreso la había utilizado de manera responsable entendiendo que es una atribución que no le permite revisar el contenido de los fallos. Pero en los últimos años el Congreso ha salido de esta forma de autolimitación y ha empezado a tratar de ver qué fallan los jueces, primero en 2018 con ministros de la Sala Penal y luego en 2020 con el caso de la jueza Silvana Donoso. Ambos casos por materia de libertad condicional que siempre es una materia muy polémica. En un caso fue promovido por la izquierda, en otro caso por la derecha. Se debe entender que el notable abandono de deberes no supone una facultad del Congreso de revisar el contenido de los fallos sino que es una forma de controlar que en la dictación de las sentencias o en las demás actuaciones del juez, el juez no haya cometido ilícitos como, por ejemplo, tráfico de influencia, corrupción, etc. No se trata de razones o criterios que no le gusten al Congreso, incluso si hay errores, existen recursos para eso.

Genera intranquilidad ver que algunos convencionales no perciban el valor que hay en la prohibición de los poderes políticos de intervenir o revisar el contenido de los fallos o los procesos. La Convención no fue convocada para esto”.

-Un grupo de convencionales ha propuesto la necesidad de un Congreso unicameral. Pero ustedes plantean que es importante que se mantenga bicameral, es decir, con la Cámara de Diputados y el Senado. ¿Por qué es importante en esta materia?

-El Congreso bicameral y, en general, cualquier forma de división del poder, es importante porque hace más difícil la influencia sobre los jueces. En lo que respecta al Poder Legislativo hay una discusión que se puede dar en su propio mérito, pero en lo que respecta a los jueces, es sano que el poder político esté lo más dividido posible, eso es una garantía para los jueces. En el caso de una acusación constitucional es súper claro: la Cámara acusa y el Senado resuelve como jurado. Son dos instancias que va haciendo más improbable que tengan éxito este mal uso de las atribuciones y que sólo prosperen cuando amerite.

-Sobre el tema que plantea que nadie puede revisar los fallos o dictámenes. ¿Qué pasa con los convencionales que hoy están exigiendo que se libere a presos post estallido del 18-O? ¿Esa es una presión al Poder Judicial?

-Lo veo muy peligroso porque el indulto se aplica después de una sentencia, acá estamos hablando de procesos que están en curso. Los convencionales que están haciendo esta presión es, para empezar, algo que le corresponde al Legislativo, pero si incluso si lo ejerce el Poder Legislativo ¿lo haría previo a la dictación de los fallos? Es una presión para los jueces y, además, se asume que los jueces estuvieran fallando políticamente cuando eso es una acusación muy grave, que hubiese una intencionalidad política de parte del Ministerio Público y de parte de los jueces en mantener las prisiones preventivas a estas personas, como si esto fueran directrices del gobierno, en circunstancias en que nosotros tenemos en Chile separación de poderes efectiva. La implicancia de lo que están diciendo es bastante grave. Genera intranquilidad ver que algunos convencionales no perciban el valor que hay en la prohibición de los poderes políticos de intervenir o revisar el contenido de los fallos o los procesos. La Convención no fue convocada para esto.

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