“Es fundamental que la Corte Suprema fortalezca su legitimidad para el momento que deba enfrentar a la Convención Constitucional en algún tema decisivo para la institucionalidad del país”, señala el abogado y licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Juan Francisco Cruz, investigador del Observatorio Judicial.
Se refiere a la decisión del máximo tribunal que revoca la decisión de la Corte de Apelaciones y declara admisible el recurso de protección presentado por un grupo de constituyentes de Vamos por Chile en contra de la mesa de la Convención. En conversación con El Líbero, el abogado aborda también la acusación constitucional en contra del Presidente Piñera y la investigación en paralelo que lleva la Fiscalía, y qué aspectos debiese considerar la Convención sobre el Ministerio Público al momento de redactar una nueva Carta Magna. De hecho ese es el tema que tratan en su último estudio: Ministerio Público: qué proteger y qué evitar en el proceso constitucional.
-La Corte Suprema admitió un recurso de protección presentado por convencionales de Vamos por Chile por el no se respetó la libertad de expresión en el debate sobre el reglamento. ¿Esto marca que “la Convención no es intocable, ni está por sobre todo” como plantea el constituyente Martín Arrau?
-Cualquiera que lea el capítulo XV de la Constitución que regula la Convención sabe o debería saber que es un poder derivado. Por tanto, tiene límites muy claros. Ahora, el punto es cómo hacer valer esos límites: la respuesta es el recurso de reclamación del artículo 136.
-Precisamente cuando fueron a la Corte de Apelaciones quienes criticaron esto -como el vicepresidente de la Convención- dijeron que solo la Suprema podía conocer “reclamaciones” sobre el procedimiento. ¿Es posible entonces, con el fallo de ahora, que el sistema judicial se pronuncie sobre el quehacer de la Convención más allá de ese instrumento?
-Me parece que el artículo 136 es muy explícito en que solo procede la Reclamación cómo medio para hacer valer los límites de la Convención. La Corte Suprema podría acoger un recurso de protección contra la Convención Constitucional, pero la pregunta sería sobre la validez de esa sentencia. Podría darse un choque institucional muy peligroso para el país.
-Independiente del camino que tome este recurso, ¿cree que marca un hito sobre cómo los tribunales deben velar ante eventuales vulneraciones de las garantías constitucionales?
-Me inquieta el extremo formalismo con que la Tercera Sala razonó para declarar admisible el recurso. Es fundamental que la Corte Suprema fortalezca su legitimidad para el momento que deba enfrentar a la Convención Constitucional en algún tema decisivo para la institucionalidad del país. La ambigüedad que resuma en este fallo va en el sentido contrario.
-En estos días, el Ministerio Público ha vuelto a estar en la contingencia al decir abrir, de oficio, una investigación sobre el caso Dominga que involucra al Presidente Piñera. Esto, a pesar de que fue investigado y eximido de responsabilidad en 2017. ¿Cómo ve esta decisión del Ministerio Público?
-Más allá de la discusión técnico-jurídica sobre si el proceso de 2017 clausuró la arista penal del caso Dominga, pienso que es preocupante la creciente penalización de la política, es decir, que empieza a comprender al Ministerio Público como una esfera privilegiada para resolver problemas o crisis institucionales. El peligro estriba en el rol simbólico que le estamos dando al Ministerio Público, las condenas o absoluciones se experimentan como un éxito o fracaso de la política. Esto ejerce una presión que estresa una persecución penal que intenta ser objetiva.
-El tema se cruza con la acusación constitucional que corre en paralelo en el Congreso en contra del Presidente y el período electoral en que nos encontramos. ¿Cuánto podría verse “contaminada” la investigación que lleva Fiscalía?
-Este contubernio entre interés electoral y acusación constitucional puede ser, a mi juicio, un retroceso en materia de garantías por sus influjos en la investigación. Un pilar fundamental de la democratización del derecho penal ha sido el esfuerzo por inmunizar la persecución criminal de las luchas por el poder. Pero si se aprueba la acusación los fiscales deberán tener valor para sobrellevar dicha presión.
-¿Puede existir una presión política sobre el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, considerando que diputados del Frente Amplio buscaron su remoción en 2018?
-La acusación del 2018 contra Jorge Abbott es una muestra de esa progresiva interferencia de la política en la persecución penal. Precisamente la politización penal empieza a desprestigiar el sistema, porque instala la duda sobre posibles presiones políticas. Esta sospecha hace daño porque la ciudadanía percibe que las causas penales responden a intereses más que a criterios de objetividad y de igualdad.
-¿Cómo se relacionan estos temas en medio de un proceso constitucional en donde, se ha dicho, todas las instituciones estarán bajo escrutinio?
-Es complejo, porque vivimos un tiempo que ve al Ministerio Público como un catalizador de conflictos de gran alcance. Cada contingencia pareciera que desemboca en una querella o una denuncia. Este ambiente puede llevar a los convencionales a juzgar al Ministerio Público desde criterios maximalistas o morales. El Ministerio Público por su poder sobre los ciudadanos debe ser una institución sobria y cuyo rol en la sociedad es importante, pero siempre limitada. Al final el Ministerio Público entra en acción cuando han fracasado las demás instituciones.