En los tiempos que corren las palabras significan lo que uno quiera que signifiquen. Por ejemplo, parece que es distinto incendiar un paradero que “luchar” ─-luchar incendiando paraderos, por cierto─-. Lo primero es un delito. Lo segundo ya no se llama delito, se llama “expresarse”, se llama “manifestarse”, se llama “exigir derechos”.

La conclusión es que todo el que sea privado de libertad por alguna de estas acciones es, obviamente, un preso político. Es lo fantástico del lenguaje. Todo está conectado. Basta con cambiar el sentido de la palabra “delito” para que, por una inevitable concatenación lógica, nuestro país se convierta en una dictadura que encarcela disidentes. Casi sin querer, ahora Chile significa Corea del Norte.

Previo a esta cuchufleta retórica, uno suponía que un preso político debía ser privado de su libertad únicamente por razones políticas, sin conexión con un delito tipificado. Ya no es necesario. El joven detenido por robo en una sucursal de un banco en el centro de Santiago, que tenía un prontuario de 145 arrestos previos por desórdenes públicos, es un detractor del sistema, un luchador social y, por lo tanto, un preso político. “La lucha” lo ampara todo.

Por medios que son aún desconocidos, estos héroes de “la lucha” se las arreglan para eludir la implacable opresión de nuestro régimen totalitario y consiguen seguir manifestándose ─omitir “incendiar”, “vandalizar” o “saquear”─ todos los viernes en Plaza Dignidad ─omitir “Italia” o “Baquedano”─. Ni la resistencia francesa contra la ocupación nazi fue tan efectiva y valerosa. (Ah, y sobre todo, omitir cualquier mención al vínculo entre “la lucha”, los narcos y los fuegos artificiales).

Analicemos, ahora, la estructura de nuestro régimen totalitario y su lamentable saldo de presos políticos. Se trata de una estructura sorprendente. Porque resulta que quienes solicitan la medida cautelar de prisión preventiva contra los manifestantes son nada más ni nada menos que los señores fiscales. Los mismos fiscales que, de rey a paje, protagonizan día por medio polémicas contra el Gobierno. Como este último sería el principal interesado en apresar a los disidentes políticos, entonces la autonomía del Ministerio Público no existe para estos efectos. O quizás existe y no existe al mismo tiempo.

¿Y qué decir de los jueces? A la crítica contra la puerta giratoria, los jueces garantistas y las cortes activistas, se suma la voz resucitada de Eduardo Novoa, que en 1970 afirmó que los miembros del Poder Judicial administraban justicia en favor de la clase dominante. Ninguna voz se impone a la otra, ninguna acoge un punto, ninguna replica un argumento. Dos discursos incompatibles que, sin embargo, conviven en perfecta cacofonía, un ruido inconexo al que cada uno puede unir su propio disparate. Diga, por ejemplo, que en Chile los jueces son independientes del Ejecutivo, pero que igual encarcelan a los detractores del Gobierno. Verá como nadie chista.

¿Cómo se las arregla el Estado para encarcelar disidentes políticos sin censura, a vista y paciencia de los organismos internacionales de derechos humanos, con la venia de un Ministerio Público autónomo y tribunales de justicia independientes? Es una proeza que todavía no logra explicarse. Pero pierda cuidado: “la lucha” no requiere explicaciones.