El Observatorio Judicial realizó un análisis de las libertades condicionales de los últimos 13 años, en el que se aprecia una correlación entre las reformas legales y la concesión o rechazo del beneficio.

En este estudio se sugiere que los problemas en el otorgamiento del beneficio tienen relación con el diseño legislativo del Decreto Ley 321 “y la manera de comprender la libertad condicional como un derecho”.

Las cifras abarcan el período 2007-2020, destacándose que desde 2012 y hasta 2018, en términos generales, hubo un alza en la concesión del beneficio y que en el 2019 se produce una abrupta caída en la entrega del
mismo.

Estos cambios el Observatorio Judicial los atribuye a que, tanto el alza
de 2012 como la disminución ocurrida el 2019, “coinciden con reformas legislativas a la libertad condicional”.

En 2012 se aprobó la Ley N° 20.587, la que tuvo por objeto excluir a las seremis de Justicia del otorgamiento de la libertad condicional, debido a que la concesión respondía a criterios “más bien discrecionales y políticos. Ese año se otorgó mayor objetividad al proceso, con el fin de fomentar la reinserción social y descongestionar los hacinados recintos”, dice el estudio.

Respecto de la caída en 2019 respecto de 2018 en las libertades concedida — pasaron de 5.281 a 1.766—, explican que el 18 de enero de ese año se publicó la Ley N° 21.124, que modificó el Decreto Ley 321. Uno de los principales cambios fue la definición de la libertad condicional, explicitando su carácter de beneficio, además de la necesidad de que el posible beneficiario demuestre avances en su proceso de reinserción.

Durante los últimos cinco años, las Comisiones de Libertad Condicional han
concedido el 60% de las solicitudes, es decir, de un total de 33.475 peticiones, se han otorgado 19.966.

Menos peticiones
La disminución más abrupta en nuevas solicitudes se produce entre 2018 y 2019, “quizás motivada también en que la nueva forma de entender la libertad condicional como un beneficio desincentivaría a los reclusos a pedir el beneficio”, dice el abogado del Observatorio Judicial, Juan Francisco Cruz. A su juicio, “los esfuerzos parlamentarios deberían centrarse en reflexionar un diseño legislativo de la libertad condicional que
posibilite la reinserción y minimice los riesgos para la ciudadanía
”.

TRES AÑOS
Entre el 2016 y el 2018, el 12,3% de quienes gozaban de libertades condicionales perdieron el beneficio penitenciario