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Revisión Judicial: un atentado a la independencia

La vaga redacción del artículo, sumado a que la revisión integral de Tribunales será efectuada por un Consejo politizado y quién además nombrará a los jueces, es una seria amenaza a la independencia judicial y un retroceso institucional

El oficio enviado por el Pleno de la Corte Suprema hacia la Convención Constitucional es una importante advertencia: el artículo que impone la revisión integral de los tribunales cada cinco años por el Consejo de la Justicia es una seria amenaza a la independencia judicial.

El artículo sostiene: “todos los tribunales estarán sometidos, a lo menos cada cinco años, a una revisión integral por el Consejo de la Justicia, que incluirá audiencias públicas, para determinar el correcto ejercicio de sus funciones en conformidad a lo señalado en la Constitución y la ley”.

La primera amenaza a la independencia judicial surge de su vaga redacción: “determinar el correcto ejercicio” de los jueces. La pregunta obvia es ¿qué se entenderá por “correcto” y qué funciones serán revisadas? De ser las funciones jurisdiccionales es evidente que se instala un control al juez. En la redacción de cada fallo los jueces sentirán el peso de lo que el Consejo de turno considera como “correcto” o “incorrecto”.

La segunda amenaza a la independencia judicial surge de que dicha revisión será realizada por el Consejo de la Justicia, por tanto, se frustra el transversal consenso de separar el ejercicio jurisdiccional del sistema de nombramientos, porque el mismo órgano que nombra a los jueces, será el encargado de revisar integralmente el correcto funcionamiento de los mismos.

Además, esta revisión será realizada al menos cada cinco años. Es decir, el Consejo puede aumentar su periocidad, por ejemplo, cada un año. Lo cual será una herramienta para presionar aquellos jueces que se muestren contrarios a la política del Consejo. No se debe olvidar que la forma de composición del Consejo anuncia su muy probable politización.

En definitiva, la vaga redacción del artículo, sumado a que la revisión integral de Tribunales será efectuada por un Consejo politizado y quién además nombrará a los jueces, es una seria amenaza a la independencia judicial y un retroceso institucional.