Qué duda cabe que la migración se transformó en un tema institucional y de política pública de primer orden. En efecto, el exponencial aumento del flujo migratorio en los últimos años movilizó a los órganos políticos, lo cual implicó la dictación de una nueva Ley de Migración y Extranjería[1] que reemplazó a la antigua normativa migratoria de 1975.
Si bien el Ejecutivo y el Congreso ocupan un rol central, también los tribunales de justicia se han visto involucrados en el fenómeno migratorio. Desde el año 2017, tanto las cortes de apelaciones (“CA”), como la Corte Suprema (“CS”) han resuelto numerosos recursos de amparo interpuestos por inmigrantes, quienes reclaman que las órdenes de expulsión son ilegales.
Ahora bien, los fallos de los tribunales han cobrado relevancia ante la opinión pública, especialmente en el marco de las denominadas expulsiones colectivas y su cuestionamiento por agrupaciones civiles. Es bajo este contexto que resulta pertinente analizar algunos puntos centrales de la jurisprudencia migratoria sobre expulsión que han desarrollado los tribunales de justicia.
Para lograr lo anterior expondremos primero algunos antecedentes estadísticos y legales para comprender la arista judicial de la migración. Segundo, daremos cuenta -utilizando como referencia los fallos más recientes- de algunos elementos relevantes de la jurisprudencia migratoria del país. Por último, reflexionaremos críticamente sobre dicha jurisprudencia.
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[1] Es la Ley N°21.325, publicada el 20 de abril de 2021. Sin embargo, aún no entra en vigencia dado que falta la promulgación de su reglamento. Por tanto, a la fecha sigue vigente la antigua normativa migratoria.