Introducción: las declaraciones del juez Urrutia.

El miércoles 25 de agosto, el juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, expuso ante la comisión DDHH de la Convención Constitucional, señalando que “si la Corte hubiera ordenado frenar el uso de balines, no hubieran existido cientos de mutilaciones oculares”. Agregó que “detrás de cada violación a los derechos humanos hay un juez que, por acción u omisión, permitió dicha violación” y que “el Poder Judicial ha servido como parte del dispositivo de represión al avalar y justificar la represión, a través de procesos basados en evidencias inventadas o de pésima calidad, lo que quedó claramente demostrado en el contexto del estallido social”. Además, criticó la colaboración de los tribunales de justicia en las violaciones de los DDHH durante el período 1973-1989 y señaló que el Poder Judicial es “una institución que fue construida en la colonia por una elite europea para dominar y reprimir a las primeras naciones de la región”[1].

              Naturalmente, estas declaraciones generaron molestia en las instancias superiores del Poder Judicial, entre sus pares y en la propia ciudadanía. Al respecto, la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich declaró que “los miembros de la judicatura deben ejercer su desempeño con independencia, la que debe ser interna y externa de manera imparcial, libre de todo prejuicio y no tener una postura definida previa respecto de las partes litigantes del juicio que debe resolver”[2].

Descargar texto completo: Téngase presente N°1: La libertad de expresión de los jueces

Introducción: las declaraciones del juez Urrutia.

El miércoles 25 de agosto, el juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, expuso ante la comisión DDHH de la Convención Constitucional, señalando que “si la Corte hubiera ordenado frenar el uso de balines, no hubieran existido cientos de mutilaciones oculares”. Agregó que “detrás de cada violación a los derechos humanos hay un juez que, por acción u omisión, permitió dicha violación” y que “el Poder Judicial ha servido como parte del dispositivo de represión al avalar y justificar la represión, a través de procesos basados en evidencias inventadas o de pésima calidad, lo que quedó claramente demostrado en el contexto del estallido social”. Además, criticó la colaboración de los tribunales de justicia en las violaciones de los DDHH durante el período 1973-1989 y señaló que el Poder Judicial es “una institución que fue construida en la colonia por una elite europea para dominar y reprimir a las primeras naciones de la región”[1].

              Naturalmente, estas declaraciones generaron molestia en las instancias superiores del Poder Judicial, entre sus pares y en la propia ciudadanía. Al respecto, la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich declaró que “los miembros de la judicatura deben ejercer su desempeño con independencia, la que debe ser interna y externa de manera imparcial, libre de todo prejuicio y no tener una postura definida previa respecto de las partes litigantes del juicio que debe resolver”[2].

Descargar texto completo: Téngase presente N°1: La libertad de expresión de los jueces