Como Chile ya parece el Viejo Oeste, no es raro que también nuestros jueces salgan disparando para cualquier lado. Algunos se visten de sheriff y asumen la defensa de la ley. Otros, como en un “spaguetti western”, se pasan a los bandoleros. Y también hay jueces que por tratar de hacer las cosas bien, acaban poniendo el pecho a las balas.

En efecto, en su discurso frente a un grupo de abogados recién juramentados, el nuevo presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, recordó muy correctamente que “una cosa es el monopolio de la fuerza y otra, muy distinta, es la violencia”. Recordó así la distinción Weberiana entre fuerza legítima ─la que ejerce el Estado─ y violencia ilegítima ─la que ejercen los particulares─. No hay balance posible: las piedras, los palos y las bombas molotov son condenables siempre. Los únicos autorizados para ejercer la fuerza son los agentes del Estado.

Pero también fue claro en señalar que éstos deben ejercer sus atribuciones en el marco del derecho. Ello implica “el respeto hacia los derechos fundamentales de las personas, quedando fuera de ese marco de acción el autoritarismo, esto es, el abuso o capricho de las facultades”. El juez es el guardián de este marco, rayando la cancha a los carabineros y protegiendo a los ciudadanos en la medida en que se manifiesten pacíficamente.

Muy distinta es la actitud del juez de garantía Daniel Urrutia, quien, perdiendo toda pretensión de imparcialidad, desdibujó el límite cuidadosamente trazado por el presidente Suprema y saltó a un lado de la trinchera. Así, declaró ilegal la detención de un imputado porque Carabineros habría interrumpido y denegado su derecho a manifestarse. Nada importó que el manifestante haya sido detenido por lanzar piedras con una honda, ni que en su mochila se hayan encontrado piedras y un martillo.

Habría que recordarle al juez Urrutia que tanto la Constitución como todos los instrumentos internacionales consagran el derecho de reunión pacífica y sin armas. Desde el momento que un manifestante ejerce la violencia, deja de estar amparado por el derecho. El único derecho que le asiste es el de esperar una respuesta proporcionada de la fuerza pública, pero ya no que le permitan seguir “manifestándose”.

En cambio, la verdadera heroína fue la jueza Karen Atala, quien demostró cuán difícil puede ser limitarse a cumplir con el papel de magistrado. Con total apego a la ley, declaró la prisión preventiva de un imputado al que se le acusaba de lanzar bombas molotov. Ello le valió la acusación de no ver los videos y de no dejar entrar a los familiares, aunque el audio de la audiencia muestra exactamente lo contrario. De hecho, la Corte de Apelaciones confirmó su decisión de manera unánime.

Cuesta seguir la doctrina del ministro Silva. La jueza Atala ha sufrido varias “funas” y amenazas, mientras que Daniel Urrutia figura como héroe en las pancartas de las protestas. Parafraseando a John Wayne, ahí afuera el debido proceso es un piedrazo.