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Tribunales Especiales en la propuesta de nueva Constitución

Eliminar los tribunales tributarios y aduaneros y debilitar los tribunales ambientales es un retroceso en materias que requieren alta especialización.

La Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional aprobó en particular una norma estableciendo la fusión de “los Tribunales Tributarios y Aduaneros, Juzgado de Cuentas de la Contraloría General de la República, Tribunal de Contratación Pública y Tribunal de Propiedad Industrial en los tribunales administrativos”. Adicionalmente, la norma mandata al legislador dictar “una Ley General de Proceso Administrativo, unificando los procedimientos existentes e instancias de resolución alternativa de conflictos”.

Paralelamente, la Convención aprobó una norma sobre tribunales ambientales estableciendo que “habrá al menos un Tribunal Ambiental en cada Región del país y se constituirán de forma unipersonal”, lo cual ya forma parte del borrador definitivo.

Este diseño institucional es criticable. Es innegable que el establecimiento de tribunales administrativos es una deuda histórica de nuestra institucionalidad con el sistema de justicia, habiéndose prometido tanto en la Constitución de 1925 como en la de 1980, pero sin nunca haberse creado. Lamentablemente, nada asegura que las autoridades instituidas, luego de la eventual entrada en vigencia de la nueva Constitución, cumplan con el mandato constitucional, así como las autoridades posteriores a 1925 y 1980 incumplieron los mandatos respectivos.

Como fuere, tampoco el diseño institucional propuesto parece coherente. Por una parte, la norma fusiona los Tribunales y Aduaneros, cuyos integrantes requieren de conocimientos y experiencias muy distintas de aquellos requeridos para un eventual tribunal administrativo. Si bien los tribunales tributarios todavía adolecen de varios defectos, implicaron un avance importante respecto del marco institucional anterior, en que el Servicio de Impuestos Internos resolvía los conflictos como juez y parte. En vez de fortalecer y perfeccionar su institucionalidad, fusionar los tribunales tributarios y aduaneros en un tribunal administrativo genérico es un retroceso en la protección del derecho al acceso a la justicia para los contribuyentes.

Por otra parte, la norma no resulta coherente con la decisión de la Convención Constitucional de crear un tribunal ambiental para cada región de Chile. Al menos desde un punto de vista conceptual, tanto los tribunales ambientales como los tribunales tributarios y aduaneros fueron creados para resolver conflictos con órganos administrativos, y ambos exigen una alta calificación técnica de sus integrantes. Sin embargo, la Convención Constitucional fusiona únicamente a los tribunales tributarios y aduaneros, pero no a los tribunales ambientales.

Con todo, la norma que crea un tribunal ambiental por región es criticable en sí misma. Actualmente, existen tres tribunales ambientales con competencia —en términos gruesos— en el norte, centro y sur del país. Lo anterior permite combinar la experiencia técnica requerida para resolver adecuadamente los conflictos ambientales, con un volumen razonable de causas. La norma que crea un tribunal ambiental unipersonal por región no se justifica, atendida la carga de trabajo de los tribunales ambientales, a la vez que debilita la preparación técnica del tribunal.

En resumen, dada la complejidad de las materias que conocen, eliminar los tribunales tributarios y aduaneros y debilitar los tribunales ambientales es un retroceso en materias que requieren alta especialización. Por otra parte, el criterio aplicado para fusionar unos tribunales y no otros parece arbitrario. Finalmente, nada garantiza que los futuros tribunales administrativos no correrán la misma suerte que los antiguos contencioso administrativos, sin llegar nunca a ser creados.