A raíz de la suma urgencia interpuesta por el Gobierno al nuevo proyecto de ley Anti-Colusión[1] se ha vuelto a reabrir el debate sobre la exclusividad de la acción penal para investigar los delitos de colusión[2]. En concreto, se discute si el Ministerio Publico (“MP”) esté facultado para investigar los delitos de colusión de forma independiente, sin esperar que el Tribunal de Libre Competencia (“TDLC”) determine en una sentencia la existencia de hechos colusivos, y a su vez la Fiscalía Nacional Económica (“FNE”) interponga una querella criminal.

Lo anterior no es trivial, porque determina la efectividad del diseño institucional para una persecución armónica de delitos de gran significación pública. Así se plantea la pregunta de si es óptimo que el MP persiga independiente de la FNE y del TDLC los delitos de colusión. Una posible aproximación a este problema es analizando los resultados, tanto de la FNE, como del MP en la persecución de ilícitos económicos. Desde ya anticipamos que no es posible comparar entre la FNE y el MP, sino más bien mostrar como los datos sugieren que la investigación de los delitos de alta complejidad económica -como la colusión- requieren de mayor especialización y por lo mismo deben quedar radicados en órganos técnicos como el TDLC y la FNE.  

Fiscalía Nacional Económica en la persecución de los ilícitos contra la libre competencia[3]

Entre el período 2004-2019 el Tribunal de la Libre Competencia ha dictado 61 sentencias en que la FNE ha sido parte en la denuncia de ilícitos que atenta contra la libre competencia, como colusión, precios predatorios y abuso de posición dominante. Desde la perspectiva de los resultados, la actividad de la FNE ha sido favorable a esa institución, ya que en 43 oportunidades, es decir, el 70% de las veces se logró que el TDLC condenara al infractor (ver gráfico n°1). Ahora bien, el bajo número de causas y el largo promedio de tramitación (743 días promedio) sugieren que los ilícitos tipificados en el DL 211 son complejos, tanto en su detección e investigación, como en su tramitación ante TLDC.

Ahora bien, si desagregamos los resultados según el tipo de infracción se aprecia que respecto al ilícito de colusión en el 80% de los casos se logró que el TLDC condene al infractor (ver gráfico n°2). Por tanto, los datos muestran que en la investigación y condena de infracciones al DL 211, la FNE ha logrado un buen desempeño, especialmente en materia de colusión.

Ministerio Público en la persecución de delitos económicos y tributarios[4]

Durante el período 2016-2019[5] el Ministerio Público ha tramitado y finalizado un total de 552.448 causas relacionadas con delitos económicos y tributarios[6], obteniendo sentencia condenatoria en el 3% de los casos. Si comparamos con otros delitos como el homicidio o relacionados con drogas, donde la tasa de condena es del 44% y 37% respectivamente (ver gráfico n°3), se aprecia que la tasa de condena en los delitos económicos investigados por el MP es baja. A su vez, si comparamos con el delito de robo que representa un número similar en tramitación (522.370), de igual manera el MP logra mejores resultados, a saber, tasas de condena del 10%.  

Otro aspecto relevante para medir la capacidad institucional del MP en la investigación de delitos económicos y tributarios es mirar el tiempo de tramitación de dichas causas y compararlas con el tiempo de tramitación de causas vinculadas a homicidios, narcotráfico y robo, para luego comparar las tasas de condena obtenidos después del tiempo invertido. En promedio los delitos económicos se tramitan en 518 días, mientras que los delitos de homicidio demoran 533 días, sin embargo las condenas en los homicidios son del 44% versus un 3% en los ilícitos económicos. De igual manera, los delitos de drogas y los robos conllevan menor tiempo y mejores resultados que los delitos económicos (ver gráfico n°4). Lo anterior indica que a pesar del alto tiempo de tramitación que invierte el MP en los delitos económicos las tasas de condena son bajas en contraste a los resultados que el propio MP obtiene en otras áreas delictuales. 

En consecuencia, frente a la problemática de si el MP debería investigar de forma autónoma los delitos de alta complejidad económica, como es la colusión, sus propias estadísticas muestran una institucionalidad que rinde sus mejores resultados en la persecución de delitos como el homicidio y el narcotráfico. Mientras que, en los delitos económicos las tasa de condena, a pesar del alto tiempo de tramitación, no superar el 3%. En ese sentido, es indicativo que el 66% de las causas por delitos económicos -362.219 de un total de 552.448- finalizan por archivo provisional, es decir, el MP no realiza una investigación, debido a que carece de los antecedentes necesarios para lograr una persecución exitosa.

A su vez, la FNE ha dado buenos resultados en la persecución y sanción de los ilícitos de colusión con tasas de condena del 80%. En ese sentido, la FNE cuanta con un diseño institucional que optimiza los resultados en la persecución de delitos económicos de alta complejidad. En efecto, cuenta con un personal de 111 personas compuesta por abogados e ingenieros civiles y comerciales dedicados exclusivamente a la investigación de las infracciones del D.L. 211.

En conclusión, los datos muestran que el actual diseño en la investigación de los delitos de colusión responde a la especialidad que exige la persecución de tales delitos. Esto permite que cada institución se concentre en aquello para lo que tiene ventajas comparativas: el MP en la persecución de lo que podríamos llamar delitos comunes, y la FNE en la investigación de delitos económicos de alta complejidad. La superposición de facultades investigativas rompería con dicho esquema, siendo una solución que institucionalmente generaría enfrentamientos más que cooperación entre las instituciones.


[1] Boletín nº 13.312-03, ingresado vía mensaje presidencial el miércoles 18 de marzo de 2020, y cuyo objetivo es potenciar las facultades investigativas de la Fiscalía Nacional Económica y aumenta las penas de colusión en caso de bienes y servicios de primera necesidad.

[2] El año 2016 se dictó la Ley N° 20.945 la cual tipificó, por primera vez, el delito de colusión, fijando penas de cárcel de hasta diez años. En dicha oportunidad se decidió que sólo la Fiscalía Nacional Económica (“FNE”) podía iniciar el proceso penal, previo dictación de una sentencia por el Tribunal de la Libre Competencia (“TLDC”) que estableciera la efectividad de la colusión –artículo 64 del DL 211–.

[3] Los datos para elaborar los gráficos fueron obtenidos de las estadísticas entregadas por el TDLC en el archivo “Causas Contenciosas – Base de Datos”. Obtenido en: https://www.tdlc.cl/nuevo_tdlc/estadisticas-causas/.

[4] Los datos para elaborar los gráficos fueron obtenidos de las estadísticas entregadas por el Ministerio Público en sus informes anuales. Disponibles en: http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/estadisticas/index.do

[5] El período seleccionado corresponde al tiempo del señor Jorge Abbott como Fiscal Nacional.

[6] Para ver qué delitos comprende esta categoría se puede consultar la página 67 del Boletín Estadístico Anual 2019 del Ministerio Público.