“Las leyes son simples límites dentro de los cuales el juez tiene libertad de movimiento. El juez ‘estéril’ sólo sabe ser la boca de la ley”, tuiteaba recientemente Carmen Zulueta de Merchán, magistrada de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.

“Está sucediendo tan vertiginosamente el cambio hacia una nueva sociedad ─decía en otro tuit─ que no hay tiempo para hacer las nuevas leyes. Necesitaremos jueces pretores que se adelanten a las leyes y resuelvan los conflictos de la inmediata nueva normalidad”. De este modo, según la magistrada, “la Sala Constitucional del TSJ profesa los nuevos paradigmas jurídicos, y no se ha limitado a la aplicación literal de las normas, sino que ha creado un derecho nuevo para refundar el ordenamiento jurídico”.

Los que somos críticos de los excesos del neoconstitucionalismo leeríamos las declaraciones de la magistrada Zulueta de Merchán en tono humorístico, si no fuera porque la situación en Venezuela es tan grave que dan ganas de llorar. En efecto, estamos hablando del mismo TSJ cuyas decisiones, la semana pasada, fueron declaradas como atentatorias contra la institucionalidad democrática y las libertades individuales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por haber usurpado las funciones que le corresponden a la Asamblea Nacional.

Me explico. Acabada la Segunda Guerra Mundial y sus horrores, el dedo acusador de la comunidad jurídica se volvió contra los jueces alemanes y su supuesta adscripción al positivismo formalista. Al amparo de la consigna de que “la ley es la ley”, los jueces del Tercer Reich se habrían abstenido de formular reservas morales frente a las leyes injustas que debían aplicar. Y aunque la historia tiene mucho de ficticia ─Hitler se benefició de la laxitud de los jueces del Reich─ se dice que ello hizo necesario crear un estatuto de derechos fundamentales que el juez pudiese enarbolar para proteger al ciudadano, no sólo contra los excesos del Poder Ejecutivo, sino incluso contra las normas injustas emanadas del legislador.

Nacía así el neoconstitucionalismo. Por todo el mundo se multiplicaron los tribunales celosos de los derechos humanos y recelosos de la voluntad democrática ejercida sin contrapesos. Todo ello estuvo muy bien, pues los derechos de las personas no pueden quedar supeditados al arbitrio de mayorías circunstanciales.

Pero Dios inventó la comida y el diablo, los cocineros. Junto al juez censor, al poco andar vimos el nacimiento de un nuevo tipo de tribunal, que no se conforma simplemente con rayar la cancha de la política y quiere participar, él también, en el partido. ¿Su camiseta? Los principios jurídicos y los derechos fundamentales ─la ley, nunca─, en virtud de los cuales hemos visto a las cortes nacionales, extranjeras e internacionales legislando sobre todo tipo de materias.

¿No es, pues, un giro tragicómico de la historia que ahora el TSJ de Venezuela afirme profesar “los nuevos paradigmas jurídicos” y abjure de la aplicación literal de la ley? Nace “un nuevo derecho” para hacer lo que el TSJ quiera, es decir, lo que Nicolás Maduro quiera. ¿Y la ley? ¿Qué vaina es ésa?