Señor director:
La presidenta del Senado padece una confusión jurídica. Si el principal objetivo del proyecto de indulto es regularizar la situación procesal de los imputados en prisión preventiva por los graves delitos cometidos en el estallido social, entonces se equivocó de medio. En efecto, el Código Procesal Penal dispone en sus artículos 144 y 145 que el tribunal de oficio o a petición de parte puede revisar, modificar, substituir e incluso revocar la medida cautelar.
Bien podría ocurrir que los Juzgados de Garantías, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y los abogados particulares estén confabulados para reprimir políticamente a los imputados. Pero si no es el caso, entonces se deben ejercer los mecanismos procesales que la propia ley establece para resguardar el debido proceso.
Utilizar un indulto para tales fines es simplemente desconocer la ley nacional, además de entregar impunidad a violentistas.
Juan Francisco Cruz Salas
Observatorio Judicial