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Se corre el riesgo de que, persiguiendo soluciones en apariencia justas, se desconozca el derecho de la parte afectada y se le cargue con deberes que corresponden al Estado, vulnerando la igualdad ante la ley y la separación de poderes.
Eso es lo que concluye un análisis sobre el funcionamiento del recurso de amparo económico en los tribunales de justicia que realizó el Observatorio Judicial para el periodo 2016-2020. Allí señalan que "el recurso de amparo económico es un mecanismo más bien testimonial dado su casi inexistente aplicación”, pero creen que debería seguir existiendo.