Existe un riesgo de que se dificulte el cumplimiento del deber de imparcialidad por parte de los jueces, a un tiempo que se multiplican las instancias susceptibles de intervención política sobre los tribunales de justicia.
Se corre el riesgo de que, persiguiendo soluciones en apariencia justas, se desconozca el derecho de la parte afectada y se le cargue con deberes que corresponden al Estado, vulnerando la igualdad ante la ley y la
separación de poderes.
¿qué les hace pensar a los senadores que el perdón -sea cual sea su forma jurídica- traerá paz, cuando el gran porcentaje de los chilenos y chilenas no justifica y repudia el tipo de acciones delictuales imputados a los “presos del estallido”?
El indulto aparte de ser jurídicamente improcedente es un proyecto que atenta contra la igualdad ante la ley y la dignidad, porque al final de cuentas sólo beneficia a quienes gozan de la afinidad política de sus promotores.
Consejera de Observatorio Judicial asumirá como Ministra de la Corte Suprema tras ser confirmada por le Senado con 29 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.
Lo que la CPI rechazó fue la tesis defendida, en 140 páginas y con el patrocinio de Baltazar Garzón, de que en Chile hubo una política administrativa intencional y sistemática de actos inhumanos para causar daño a la población civil.
Eso es lo que concluye un análisis sobre el funcionamiento del recurso de amparo económico en los tribunales de justicia que realizó el Observatorio Judicial para el periodo 2016-2020. Allí señalan que "el recurso de amparo económico es un mecanismo más bien testimonial dado su casi inexistente aplicación”, pero creen que debería seguir existiendo.
El poder de la Suprema es excesivo. Además de su rol de última instancia en materia jurisdiccional, la CS tiene la última palabra en materia de nombramientos, de calificaciones, de sanciones disciplinarias y de administración económica de los tribunales de justicia.
