Señor director,

Hace unos días la Tercera Sala de la Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en el caso de una familia que recurrió de protección ante la ocupación ilegal de un terreno de su propiedad. En su lugar, el máximo tribunal ordenó, tanto a los propietarios afectados como a la autoridad, coordinar una “solución global y efectiva” para quienes usurparon dichos terrenos, de manera que “sus derechos sean igualmente resguardados”.

Parece una ironía, pero quienes acudieron a los tribunales de justicia buscando hacer respetar el imperio de la ley, deberán ahora concertar una solución, junto con las autoridades, para resguardar a los ocupantes por las precarias condiciones de vida en que se hayan.

Se atribuye a Pitágoras una frase muy atingente: “el legislador debe ser el eco de la razón, y el magistrado, el eco de la ley”. En otras palabras, al juez lo que es del juez: fallar con apego a la ley. De lo contrario, se corre el riesgo de que, persiguiendo soluciones en apariencia justas, se desconozca el derecho de la parte afectada y se le cargue con deberes que corresponden al Estado, vulnerando la igualdad ante la ley y la separación de poderes.

Andrea Martínez, Observatorio Judicial

Publicación: jueves 27 de enero de 2022 en Diario El Mercurio

La discusión sobre el proyecto de indulto debe centrarse en categorías político-morales. El debate ha girado, principalmente, en torno a su naturaleza jurídica -si indulto o amnistía- y sus problemas técnicos, tales como determinar el número y circunstancias penales de los “presos de la revuelta”. Sin embargo, permanece en silencio el real meollo: su justificación. Es decir, qué razones validarían -y si es que existen- el perdón a quienes han atentado contra bienes humanos como el espacio público, la dignidad de pequeños comerciantes o la vida de carabineros.

Los promotores del indulto argumentan que el perdón traerá paz social. Pero, ¿es cierto? Al menos la opinión ciudadana mayoritaria los contradice. Según Cadem, un 62% está en contra. La última encuesta CEP fue categórica: el 88% afirma que nunca o casi nunca se justifica participar de barricadas o destrozos como forma de protesta. Qué decir de saquear o incendiar, el 93% de la ciudanía no lo avala. A su vez, la reciente encuesta Bicentenario UC muestra que solo un 22% de la población valida el uso de la violencia cuando se buscan mejores condiciones de vida.

Entonces, ¿qué les hace pensar a los senadores que el perdón -sea cual sea su forma jurídica- traerá paz, cuando el gran porcentaje de los chilenos y chilenas no justifica y repudia el tipo de acciones delictuales imputados a los “presos del estallido”? Su aprobación desconocería las -a mi juicio- correctas intuiciones de justicia de la mayoría. ¿De verdad piensan crear paz mediante un instrumento que produce amplia división? Sería bueno que los senadores reflexionaran sobre las condiciones de posibilidad que exige la paz social.

En efecto, difícilmente un proyecto que es indiferente hacia las víctimas, los “presos comunes” de siempre y las intuiciones morales de la ciudadanía podría generar paz social. Al contrario, esa indiferencia muestra el particularismo que anima a este proyecto, el cual solo traerá reconciliación para los políticos hostigados por su conciencia ideológica y por grupos de presión. La amnistía tranquilizará a una minoría organizada, pero a costa de una gran mayoría que rechaza la violencia política y que, por tanto, significará el perdón legal como impunidad y frustración.

Si el indulto-amnistía no traerá paz social, entonces vuelve a surgir la pregunta: ¿qué lo justifica? Algunos señalan que corregir el abuso de la prisión preventiva. Sin embargo, la amnistía trasciende en mucho la discusión jurídica y judicial de dicha cautelar. En efecto, la amnistía toca, al menos, tres cuestiones sustantivas de una democracia: el vínculo entre agencia y responsabilidad, la relación ética entre medio y fines, la igualdad ante la ley. Por tanto, podríamos consensuar que existe un abuso de la prisión preventiva o que es jurídicamente defectuosa, pero eso no conlleva a eximir de responsabilidad delictual.

En síntesis, ¿existen razones morales o políticas para quebrar el vínculo entre acción y daño, o que justifiquen el uso de medios violentos o una alteración a la isonomía? Pienso que no y que las dadas son insuficientes. En ese sentido y dado el lugar simbólico que ocupan los “presos de la revuelta”, el mejor camino para la paz social es que los tribunales y actores jurídicos actúen con la mayor rapidez posible en resolver dichas causas conforme a nuestras leyes.

Publicación: martes 25 de enero en Voces de La Tercera

La igualdad ante la ley es una de las mayores expresiones de la dignidad, porque reconoce y realiza el valor intrínseco de todo ser humano sin importar su edad, sexo, raza o creencias. Por tanto, toda norma que establezca una prerrogativa en base a afinidades políticas es un atentado contra la dignidad de los excluidos.

Desde esta perspectiva, la ley de indulto es un caso de desigualdad arbitraria. ¿Por qué debemos eximir de responsabilidad penal a quienes han cometido delitos graves producto del estallido? Algunos argumentan que las injusticias estructurales del sistema sería una justificación. Pero de ser así ¿por qué solo indultar a los “presos de la revuelta”? ¿por qué ellos sí y otros no? ¿Por qué un sector político muestra preocupación por la prisión preventiva de solo unos pocos?  

La indiferencia de la moción al resto de la realidad carcelaria es una muestra de que su fundamento es la lealtad ideológica de políticos e intelectuales hacia a los “presos de la revuelta”, pero cuyo sentimiento de justicia no alcanza a los “presos comunes”. Ahora bien, si existe una injusticia por la relación entre marginalidad y delito o por el uso de la prisión preventiva, entonces ¿por qué los presos comunes quedan excluidos?

El indulto aparte de ser jurídicamente improcedente es un proyecto que atenta contra la igualdad ante la ley y la dignidad, porque al final de cuentas sólo beneficia a quienes gozan de la afinidad política de sus promotores.

Observatorio Judicial

La decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de no iniciar una investigación por la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad por el Presidente y otras autoridades, puede leerse como un enjuiciamiento al octubrismo, a saber, ese imaginario que interpreta, en los sucesos desencadenados por el 18-O, un movimiento refundacional del país y que fue brutalmente reprimido por un Jefe de Estado dictatorial.

Lo primero es que la CPI no es un organismo cualquiera en la protección de los derechos humanos, sino que una autoridad muy relevante en la materia. En efecto, después del terror nazi y los juicios de Nüremberg, la ONU se propuso la creación de una corte internacional con el fin de perseguir penalmente a los responsables por crímenes de genocidio, lesa humanidad y guerra. Con ello, el derecho internacional buscaba evitar que dictadores o genocidas se refugiaran en las leyes internas. Sin embargo, sólo después de la dictadura en Yugoslavia y el genocidio en Ruanda, se aprobó el Estatuto de Roma que creo a la CPI.

Fue ese organismo y no otro el que desestimó la ideología octubrista. En efecto, a juicio de los octubristas el Presidente Sebastián Piñera y otras autoridades habrían elaborado y ejecutado intencionalmente un ataque general o sistemático contra la población civil para, entre otros, asesinar, torturar, violar o encarcelar a los manifestantes del 18-O. Sin embargo, luego de un análisis de admisibilidad -art. 53 del Estatuto-, el fiscal descartó la existencia de delitos de lesa humanidad.

En suma, lo que la CPI rechazó fue la tesis defendida, en 140 páginas y con el patrocinio de Baltazar Garzón, de que en Chile hubo una política administrativa intencional y sistemática de actos inhumanos para causar daño a la población civil.

También, la decisión de la CPI es un reconocimiento al sistema judicial chileno como un organismo legítimo y confiable para resolver las causas de derechos humanos, desautorizando otra de las tesis octubristas: “Los tribunales chilenos han incumplido su deber de administrar justicia” -así lo afirmó C. Margotta, otro de los patrocinadores de la denuncia-.

Juan Francisco Cruz

Publicación: martes 14 de diciembre en Voces de La Tercera