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Limitación de la duración de los jueces en su cargo

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La Comisión de Sistema de Justicia de la Convención Constitucional aprobó en general la limitación de la duración de los cargos de jueces (8 años con posibilidad de reelección) y ministros de la Corte Suprema (10 años, sin posibilidad de reelección).

La propuesta generó polémica, por cuanto debilita la inamovilidad de los jueces, que es uno de los pilares fundamentales de la independencia judicial. En particular, una declaración del pleno de la Corte Suprema haciendo ver este punto generó mucho revuelo tanto en la opinión pública como en la propia Convención.

A primera vista, la norma no parece demasiado problemática. Si bien en la experiencia comparada encontramos países en que el cargo de ministro de la Corte Suprema es vitalicio, como Estados Unidos, o que se ejerce hasta los 75, como Chile y Canadá, en otros se establece un límite de tiempo más acotado. Tal es el caso de España (8 años), de Alemania (9 años) o de México (15 años), sólo por nombrar algunos países donde la independencia judicial no parece afectada producto de esta limitación.

Sin embargo, el contexto en que la norma se propone obliga a levantar ciertas alertas. Por una parte, el principal beneficio de contar con jueces vitalicios, especialmente en la Corte Suprema, es que los magistrados no deben preocuparse por su futuro laboral una vez que haya terminado su período. Un juez inamovible puede resolver con total imparcialidad, porque no necesita congraciarse con eventuales empleadores ni cimentar una carrera política futura.

Por otra parte, la estabilidad en el cargo disminuye las instancias del poder político para intervenir en los nombramientos, por la sencilla razón de que éstos resultan más infrecuentes. Si los jueces duran menos en sus cargos, entonces la autoridad a cargo de su nombramiento cuenta con más instancias para evaluar su desempeño. Esto puede propender a una mayor profesionalización del Poder Judicial, pero también puede multiplicar las instancias para intervenirlo políticamente desde el exterior. Como el diseño propuesto establece que la entidad a cargo de los nombramientos sea un Consejo de la Judicatura —órgano que, en la experiencia comparada, aumenta el riesgo de captura política— es probable que ocurra más lo segundo que lo primero.

Por otra parte, el argumento que se suele invocar para justificar esta norma es la oxigenación del Tribunal Supremo, evitando su cooptación corporativa por un estamento de jueces jurídicamente irresponsables. Pero tal argumento se ve fuertemente debilitado si la Corte Suprema pierde sus facultades no jurisdiccionales —medida cuya conveniencia ha sido reconocida por el propio Tribunal— y se concentra en su rol de dar unidad y coherencia a la jurisprudencia de los tribunales de justicia.

En suma, aunque limitar la duración en el cargo de los ministros de la Corte Suprema y, en general, de los demás jueces del Poder Judicial, puede traer algunas consecuencias positivas, existe un riesgo de que se dificulte el cumplimiento del deber de imparcialidad por parte de los jueces, a un tiempo que se multiplican las instancias susceptibles de intervención política sobre los tribunales de justicia.

Usurpaciones

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Señor director,

Hace unos días la Tercera Sala de la Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en el caso de una familia que recurrió de protección ante la ocupación ilegal de un terreno de su propiedad. En su lugar, el máximo tribunal ordenó, tanto a los propietarios afectados como a la autoridad, coordinar una “solución global y efectiva” para quienes usurparon dichos terrenos, de manera que “sus derechos sean igualmente resguardados”.

Parece una ironía, pero quienes acudieron a los tribunales de justicia buscando hacer respetar el imperio de la ley, deberán ahora concertar una solución, junto con las autoridades, para resguardar a los ocupantes por las precarias condiciones de vida en que se hayan.

Se atribuye a Pitágoras una frase muy atingente: “el legislador debe ser el eco de la razón, y el magistrado, el eco de la ley”. En otras palabras, al juez lo que es del juez: fallar con apego a la ley. De lo contrario, se corre el riesgo de que, persiguiendo soluciones en apariencia justas, se desconozca el derecho de la parte afectada y se le cargue con deberes que corresponden al Estado, vulnerando la igualdad ante la ley y la separación de poderes.

Andrea Martínez, Observatorio Judicial

Publicación: jueves 27 de enero de 2022 en Diario El Mercurio

La amnistía ¿traerá paz?

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La discusión sobre el proyecto de indulto debe centrarse en categorías político-morales. El debate ha girado, principalmente, en torno a su naturaleza jurídica -si indulto o amnistía- y sus problemas técnicos, tales como determinar el número y circunstancias penales de los “presos de la revuelta”. Sin embargo, permanece en silencio el real meollo: su justificación. Es decir, qué razones validarían -y si es que existen- el perdón a quienes han atentado contra bienes humanos como el espacio público, la dignidad de pequeños comerciantes o la vida de carabineros.

Los promotores del indulto argumentan que el perdón traerá paz social. Pero, ¿es cierto? Al menos la opinión ciudadana mayoritaria los contradice. Según Cadem, un 62% está en contra. La última encuesta CEP fue categórica: el 88% afirma que nunca o casi nunca se justifica participar de barricadas o destrozos como forma de protesta. Qué decir de saquear o incendiar, el 93% de la ciudanía no lo avala. A su vez, la reciente encuesta Bicentenario UC muestra que solo un 22% de la población valida el uso de la violencia cuando se buscan mejores condiciones de vida.

Entonces, ¿qué les hace pensar a los senadores que el perdón -sea cual sea su forma jurídica- traerá paz, cuando el gran porcentaje de los chilenos y chilenas no justifica y repudia el tipo de acciones delictuales imputados a los “presos del estallido”? Su aprobación desconocería las -a mi juicio- correctas intuiciones de justicia de la mayoría. ¿De verdad piensan crear paz mediante un instrumento que produce amplia división? Sería bueno que los senadores reflexionaran sobre las condiciones de posibilidad que exige la paz social.

En efecto, difícilmente un proyecto que es indiferente hacia las víctimas, los “presos comunes” de siempre y las intuiciones morales de la ciudadanía podría generar paz social. Al contrario, esa indiferencia muestra el particularismo que anima a este proyecto, el cual solo traerá reconciliación para los políticos hostigados por su conciencia ideológica y por grupos de presión. La amnistía tranquilizará a una minoría organizada, pero a costa de una gran mayoría que rechaza la violencia política y que, por tanto, significará el perdón legal como impunidad y frustración.

Si el indulto-amnistía no traerá paz social, entonces vuelve a surgir la pregunta: ¿qué lo justifica? Algunos señalan que corregir el abuso de la prisión preventiva. Sin embargo, la amnistía trasciende en mucho la discusión jurídica y judicial de dicha cautelar. En efecto, la amnistía toca, al menos, tres cuestiones sustantivas de una democracia: el vínculo entre agencia y responsabilidad, la relación ética entre medio y fines, la igualdad ante la ley. Por tanto, podríamos consensuar que existe un abuso de la prisión preventiva o que es jurídicamente defectuosa, pero eso no conlleva a eximir de responsabilidad delictual.

En síntesis, ¿existen razones morales o políticas para quebrar el vínculo entre acción y daño, o que justifiquen el uso de medios violentos o una alteración a la isonomía? Pienso que no y que las dadas son insuficientes. En ese sentido y dado el lugar simbólico que ocupan los “presos de la revuelta”, el mejor camino para la paz social es que los tribunales y actores jurídicos actúen con la mayor rapidez posible en resolver dichas causas conforme a nuestras leyes.

Publicación: martes 25 de enero en Voces de La Tercera

Igualdad, dignidad e indulto

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La igualdad ante la ley es una de las mayores expresiones de la dignidad, porque reconoce y realiza el valor intrínseco de todo ser humano sin importar su edad, sexo, raza o creencias. Por tanto, toda norma que establezca una prerrogativa en base a afinidades políticas es un atentado contra la dignidad de los excluidos.

Desde esta perspectiva, la ley de indulto es un caso de desigualdad arbitraria. ¿Por qué debemos eximir de responsabilidad penal a quienes han cometido delitos graves producto del estallido? Algunos argumentan que las injusticias estructurales del sistema sería una justificación. Pero de ser así ¿por qué solo indultar a los “presos de la revuelta”? ¿por qué ellos sí y otros no? ¿Por qué un sector político muestra preocupación por la prisión preventiva de solo unos pocos?  

La indiferencia de la moción al resto de la realidad carcelaria es una muestra de que su fundamento es la lealtad ideológica de políticos e intelectuales hacia a los “presos de la revuelta”, pero cuyo sentimiento de justicia no alcanza a los “presos comunes”. Ahora bien, si existe una injusticia por la relación entre marginalidad y delito o por el uso de la prisión preventiva, entonces ¿por qué los presos comunes quedan excluidos?

El indulto aparte de ser jurídicamente improcedente es un proyecto que atenta contra la igualdad ante la ley y la dignidad, porque al final de cuentas sólo beneficia a quienes gozan de la afinidad política de sus promotores.

Observatorio Judicial

María Cristina Gajardo es ratificada por el Senado como Ministra de la Corte Suprema

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El martes 11 de enero el Senado confirmó a María Cristina Gajardo, Consejera de Observatorio Judicial, como Ministra de la Corte Suprema, por 29 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.

María Cristina Gajardo es abogada de la Universidad de Chile (1986), Diplomada en Seguridad Social por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OISS, Madrid (1989); Magister en Planificación y Dirección Tributaria por la Universidad Adolfo Ibáñez (2005) y Doctor (C) en Derecho de la Universidad de Chile y Universidad de Sevilla (2017).

Fue abogada integrante de la Corte Suprema para el periodo 2018-2021.

Es profesora del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho U. de Chile. Consejera de Observatorio Judicial.

Especialista en temas laborales, previsionales y tributarios relacionados, es miembro del Consejo de la Sociedad Civil de la Dirección Nacional del Trabajo y del Consejo Directivo de “Observatorio Judicial”.

Fue Presidenta del Consejo de Sociedad Civil de la Dirección del Trabajo (2016-2017); Directora de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (2011 a 2017), Abogada Integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago (2010 a 2012) y asesora del Ministro del Trabajo y Previsión Social (2010).

Autora del libro “Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales”, Thomson Reuters (2015) y diversas monografías en temas laborales y de seguridad social.

Como Observatorio Judicial felicitamos especialmente a nuestra Consejera María Cristina Gajardo por el nuevo desafío que asume al integrar la Corte Suprema y le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión.

El octubrismo ante la Corte Penal Internacional

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La decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de no iniciar una investigación por la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad por el Presidente y otras autoridades, puede leerse como un enjuiciamiento al octubrismo, a saber, ese imaginario que interpreta, en los sucesos desencadenados por el 18-O, un movimiento refundacional del país y que fue brutalmente reprimido por un Jefe de Estado dictatorial.

Lo primero es que la CPI no es un organismo cualquiera en la protección de los derechos humanos, sino que una autoridad muy relevante en la materia. En efecto, después del terror nazi y los juicios de Nüremberg, la ONU se propuso la creación de una corte internacional con el fin de perseguir penalmente a los responsables por crímenes de genocidio, lesa humanidad y guerra. Con ello, el derecho internacional buscaba evitar que dictadores o genocidas se refugiaran en las leyes internas. Sin embargo, sólo después de la dictadura en Yugoslavia y el genocidio en Ruanda, se aprobó el Estatuto de Roma que creo a la CPI.

Fue ese organismo y no otro el que desestimó la ideología octubrista. En efecto, a juicio de los octubristas el Presidente Sebastián Piñera y otras autoridades habrían elaborado y ejecutado intencionalmente un ataque general o sistemático contra la población civil para, entre otros, asesinar, torturar, violar o encarcelar a los manifestantes del 18-O. Sin embargo, luego de un análisis de admisibilidad -art. 53 del Estatuto-, el fiscal descartó la existencia de delitos de lesa humanidad.

En suma, lo que la CPI rechazó fue la tesis defendida, en 140 páginas y con el patrocinio de Baltazar Garzón, de que en Chile hubo una política administrativa intencional y sistemática de actos inhumanos para causar daño a la población civil.

También, la decisión de la CPI es un reconocimiento al sistema judicial chileno como un organismo legítimo y confiable para resolver las causas de derechos humanos, desautorizando otra de las tesis octubristas: “Los tribunales chilenos han incumplido su deber de administrar justicia” -así lo afirmó C. Margotta, otro de los patrocinadores de la denuncia-.

Juan Francisco Cruz

Publicación: martes 14 de diciembre en Voces de La Tercera

Amparo económico: una acción testimonial

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Seminario El Recurso de Protección en la Nueva Constitución

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Jueves 16 de diciembre / 19:00 horas / vía ZOOM

En medio de un proceso de redacción de una nueva carta fundamental, Observatorio Judicial junto a Diario Constitucional buscan reflexionar sobre el futuro diseño del recurso de protección, de tal modo que concilie la protección de los derechos esenciales con el principio de separación de poderes del Estado.

Exponen:

–  Emilio Pfeffer, Socio de Pfeffer & Asociados, académico y fundador y director de Diario Constitucional.

–  Héctor Mery, Jefe de la División Judicial en Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

–  Edesio Carrasco, Socio en Schultz Carrasco Benítez y académico.

*Modera: Andrea Martínez, Observatorio Judicial.

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Compartimos la exposición de José Miguel Aldunate, Director Ejecutivo de Observatorio Judicial, en la comisión que revisará acusación constitucional presentada a tres ministros de la Corte Suprema

Compartimos la exposición de José Miguel Aldunate, Director Ejecutivo de Observatorio Judicial, en la comisión que revisará acusación constitucional presentada a tres ministros de la Corte Suprema

El presidente del consejo directivo del Observatorio Judicial, Roberto Guerrero,señaló que “sería un pésimo precedente” que prosperara la acusación constitucional contra los tres ministros de la Corte Suprema que dieron el beneficio de la libertad condicional a siete reos condenados por crímenes de lesa humanidad. Esto, pues no hay ni un abandono notable de deberes ni un fallo deliberado contra la ley.

“Los diputados tienen todo el derecho a plantear acusaciones constitucionales en los casos que estimen conveniente. El tema es […] si cumple con los requisitos, con el estándar, como lo que la Constitución señala y con lo que se persigue que es algo tan extremo como acusar a ministros de la Corte Suprema para sacarlos de su cargo”, dijo en Primera Pauta.

El Observatorio Judicial es un centro de estudios independiente que tiene poco más de un año de existencia y lo que busca, asegura Guerrero, es estudiar todo el Poder Judicial y su actuación en la sociedad.

“El abandono de deberes, para poder prosperar, tiene que ser notable.Nosotros no veíamos una argumentación fuerte y sólida […] Esto quiere significar que los jueces no lleguen a trabajar o fallando en contra de la ley,siguiendo sus propias convicciones, saltándose un montón de reglas. Y el otro sentido es que yo no puedo aspirar a la real separación de poderes si el Poder Judicial tiene que estar mirando lo que piensa la mayoría parlamentaria para fallar”, añadió el abogado y académico de la Universidad Católica.

El abogado también explicó el problema que surge con el Estatuto de Roma y la aplicación de los reglamentos de la Corte Penal Internacional en casos de beneficios para violadores de derechos humanos. “Lo que señala es que si la CPI impone una pena X, en el país los tribunales no pueden rebajarla. Lo que señalan es que cuando se revisa un tema de penas de esta naturaleza, la corte tiene que ver si se está aplicando el tratado y de qué manera. Por lo tanto si se está reduciendo la pena no se podría hacer. Si el beneficio es parte de reducir la prueba es otra discusión. Pero son condiciones que establece esta doctrina, que es sumamente discutida y en Chile no sido incorporada. Los tribunales no están obligados a seguir doctrinas, están obligados a seguir leyes”,agregó.

De hecho Guerrero sostuvo que el fallo si se pronuncia sobre las leyes del Estatuto de Roma y dicen que no se aplica en este caso. “Se pueden haber equivocado, no haber hecho una correcta interpretación. Pero de ahí a un abandono notable de deberes o que se falló abiertamente contra la ley, hay un universo de distancia”, cerró.

Entrevista a presidente del Consejo de Observatorio Judicial, Roberto Guerrero, sobre la acusación constitucional a tres jueces de la Corte Suprema

Entrevista a presidente del Consejo de Observatorio Judicial, Roberto Guerrero, sobre la acusación constitucional a tres jueces de la Corte Suprema