Observatorio Judicial analizó 107 causas iniciadas en 2018, de las cuales solo cinco llegaron a condenas (4,6%). Informe concluye que existen «magros resultados» de la fiscalía y advierte sobre la «impunidad» generada en este tema.
El aumento del robo o hurto de madera en las regiones del Biobío y La Araucanía es un tema que mantiene en alerta al gobierno, las policías y las empresas forestales, pues se considera como uno de los focos de violencia en la zona. En ese contexto, el Observatorio Judicial estudió el tema y analizó todas las causas asociadas a estos delitos en las provincias de Arauco, Cautín y Malleco durante 2018.
El informe, titulado «Robo y hurto de madera: el otro conflicto de la Macrozona Sur», concluye que «los resultados judiciales de la persecución de los delitos de robo y hurto de madera son particularmente magros». Eso, plantea el estudio, «resulta difícil de comprender, atendido el volumen y peso de los bienes robados, así como de las dificultades logísticas inherentes a su sustracción, transporte, ocultamiento y reducción».
Asimismo, el análisis consideró los resultados del 2018, ya que la mayoría de las causas judiciales ya están terminadas, por lo cual se pudo estudiar un periodo de tiempo con «información relevante y acabada».
En los resultados del observatorio (entidad que nació al alero del centro de estudios Libertad y Desarrollo y que tiene su propio consejo directivo) se muestra que de los 107 casos estudiados, «apenas cinco causas terminaron en condena y ninguna concluyó con una sentencia absolutoria» (ver infografía).
«Es un dato preocupante. Junto con la falta de condenas, llama la atención la falta de sentencias absolutorias. Es decir, los fiscales no llegan a formular acusación y las causas terminan mayoritariamente por sobreseimiento definitivo o decisión de no perseverar, lo que es decisión del Ministerio Público. Esto pone la pregunta más en el actuar de los fiscales, que son quienes llevan la investigación, que en la respuesta de los jueces», asegura el director ejecutivo del Observatorio Judicial, José Miguel Aldunate.
El director del organismo explica que se trata de un «fenómeno delictual creciente, que genera pérdidas económicas enormes y que tiene eventuales conexiones con el conflicto de violencia que se vive en la zona». En esa línea, agrega que «no se trata de un fenómeno de delincuencia normal», ya que «por sus dimensiones y por sus dificultades logísticas requiere de mucha organización, salvo en los casos de hurto de subsistencia».
Pero Aldunate también advierte de las dificultades que existen para perseguir este delito: «Hay que considerar que por su propia naturaleza el robo y hurto de madera es difícil de investigar. El proyecto de ley que fue rechazado en el Congreso se hacía cargo del problema, creando mayores mecanismos de control».