Publicación: La Tercera
Un análisis del Observatorio Judicial revela que en los 17 años de funcionamiento de los tribunales orales se han dictado 134.956 sentencias y en un 81% de las veces declararon culpables a los acusados por el Ministerio Público. Y en cuanto a los tiempos que duran estos procesos, se registró un aumento de tramitación de 264 días en 2004 a 602 días en 2019, es decir, crecieron en un 102%. El estudio abre la duda sobre cuánto es un plazo razonable para que una persona sea juzgada y cómo está actuando el sistema judicial en esta materia.
Una radiografía a los Tribunales Orales en lo Penal (TOP) desde 2004 hasta 2020. Eso fue lo que realizó el Observatorio Judicial en un estudio que da cuenta de los porcentajes de condena de los 18 TOP del país y los tiempos de tramitación de estos juicios. El análisis abre la duda sobre cuánto es un plazo razonable para que una persona sea juzgada y cómo está actuando el sistema judicial en esta materia.
¿Cuáles fueron los principales resultados? Que en los 17 años de funcionamiento han dictado 134.956 sentencias y en un 81% de las veces declararon culpables a los acusados por el Ministerio Público. Pese al alto porcentaje de condenas durante el periodo, se observa una caída en la tasa de estas de un 91% a un 78%. “Durante 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en prácticamente el 90% de los juicios se obtuvo una sentencia condenatoria, luego viene un declive entre 2009 y 2018, en el cual la tasa promedio de condena cae a un 74%, por último, entre 2019 y 2020 se produce un leve aumento en el porcentaje de condenas”, dice.
Y en cuanto a los tiempos que duran estos procesos, se registró un aumento de tramitación de 264 días en 2004 a 602 días en 2019, es decir, crecieron en un 102%.
Según el documento, una de las razones -tanto para la caída en la tasa de condena como para el alza en los tiempos de tramitación- podría deberse, por un lado, a una expansión en el ingreso de causas en estos tribunales motivada al aumento de casos en el Ministerio Público y, por otra parte, a una decisión de política criminal -especialmente durante el período del exfiscal nacional Sabas Chahuán- de llevar más causas a juicios orales. Esto provoca que los jueces tengan más causas que procesar, lo que incrementa los tiempos de tramitación.