Publicación: El Mercurio
El estudio también registra un aumento de los ilícitos de amenazas y, a su vez, identifica un descenso de las causas ingresadas, que coincide con el decreto del estado de excepción constitucional.
Desde la quema de camiones en Lumaco, en 1997, hasta principios de la década de 2010, el foco principal de los ataques violentos en la macrozona sur fueron los vehículos pesados, fundos y predios de las empresas forestales.
A partir de 2012 los atentados, además, se centraron en delitos contra la vida y la integridad física, como el homicidio de Héctor Gallardo Aillapán, un parcelero del sector de Chequenco, en la comuna de Ercilla; del matrimonio LuchsingerMackay, en un incendio intencional en Vilcún; y el crimen del cabo de
Carabineros Eugenio Naín Caniumil, que recibió una bala en una emboscada, entre otros.
Solo el año pasado, 11 personas fueron asesinadas y 28 resultaron con lesiones graves, y en lo que va de este 2022, ya van siete homicidios. El último ocurrió en mayo y la víctima fue el trabajador forestal Segundo Catril Neculqueo, quien prestaba servicios a la forestal Mininco y recibió un disparo en el cráneo
mientras se trasladaba a las faenas.
El Observatorio Judicial realizó un informe en el que analiza 239 causas judiciales por homicidios, lesiones y amenazas, tramitadas entre 2018 y 2021, a partir de datos del Ministerio Público y del Ministerio del Interior.
Aumento de la Violencia
Una de las principales conclusiones es que en 2021 se mantiene la tendencia al alza en el número de ingresos de denuncias por estos ilícitos, tal como se observaba en años anteriores, lo que coincide con
el aumento en los niveles de violencia.
Y, según el estudio, “es preocupante” el número de ingresos por el delito de amenazas, que venía
descendiendo ligeramente desde 2019. Esto coincide con la tendencia observada en el último informe de la Multigremial de La Araucanía, en el que en 2021 se cuantificaron 471 atentados, más del doble de los ocurridos el año anterior, cuando hubo 228 sucesos violentos. De estos, 11 corresponden a homicidios, cuatro a lesiones y 13 a amenazas.
Llamó la atención de los investigadores que la tendencia al alza de estos tres delitos se vio interrumpida en el segundo semestre de 2021: “El descenso coincide con el decreto de estado de excepción. Casi la totalidad de las causas ingresadas durante ese semestre ocurrieron antes de la declaración del estado de
excepción”.
Para José Miguel Aldunate, director de estudios del Observatorio Judicial, “lo único que ha servido para frenar la violencia en la zona ha sido la declaración del estado de excepción. Desde el 12 de
octubre del año pasado, observamos una caída abrupta en el número de causas judiciales, coincidente con otros indicadores que muestran una mejora sustantiva en la conservación del orden público a partir de dicha fecha”.
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