Publicación: La Tercera
El año 2000, la población penal en Chile era de 33.131 reclusos, momento en que las cárceles tenían una capacidad para 20.791 internos. Aquello generaba que, incluso, hubiese centros penitenciarios que superaban el doble de su capacidad, lo que motivó al gobierno de Ricardo Lagos a confeccionar un proyecto para revertir aquello, creando las cárceles concesionadas.
Sin embargo, esta prerrogativa podría dar un importante vuelco que mantiene en alerta a expertos y, también, a las autoridades de gobierno. ¿Por qué? Porque de aprobarse la nueva Constitución este modelo administrativo llegaría a su fin, ya que la Convención Constitucional (CC) aprobó que sea solo el Estado quien pueda administrar tales recintos, lo que genera interrogantes sobre los actuales centros penitenciarios que operan bajo dicha modalidad.
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En tanto, Juan Francisco Cruz, abogado y miembro del Observatorio Judicial, considera que se debe interpretar de forma racional la aplicación de esta norma, de aprobarse la nueva Constitución. Ante eso señala que “ahí no se produce ningún vacío, sino que, en el fondo, lo que habría que hacer es acudir a la normativa que va a seguir rigiendo al sistema concesionario, que en este caso sería primero los contratos vigentes, y en ese sentido, junto con la ley de concesiones y su reglamento”.
“Sería poco razonable pensar que esa norma, que prohíbe que los particulares puedan prestar servicios carcelarios, entrara de golpe. Eso no tiene sentido no solamente jurídicamente, sino que de manera práctica”, concluye.