La exclusión del Ministerio del Interior como querellante del caso “Operación Huracán” es un hito sumamente grave. Es tarea del gobierno asegurar el orden y la seguridad pública, para lo cual la ley le entrega múltiples atribuciones, una de las cuales es la facultad de interponer querellas en determinadas materias. Es deber del Ministerio del Interior ejercer correctamente esta atribución con miras a los fines que le impone el orden institucional vigente.
Pero, ¿cómo llegamos a esta situación?
Comenzaba el año 2018 y el Juzgado de Garantía de Temuco decretaba el sobreseimiento de 8 comuneros acusados de ataques incendiarios (dos de los cuales también eran investigados por asociación ilícita terrorista). Si bien la Corte de Apelaciones de Temuco revocó la medida de sobreseimiento, la investigación se redirigió a las denuncias de manipulación de pruebas contra Carabineros. Esto no solo generó importantes tensiones entre el Ministerio Público y las policías, sino que desencadenó una de las más importantes reestructuraciones del alto mando de la Institución.
El reconocido caso dio lugar al reemplazo del General Director de Carabineros, así como a la salida de una serie de generales, al traslado de autoridades de la institución desde La Araucanía a Santiago y a la disolución del área de inteligencia del organismo.
Sin embargo —ya en la etapa de preparación de juicio oral— “un vicio formal” no subsanado por el equipo jurídico del Ministerio de Interior, ha dejado al gobierno fuera de esta causa. El propio presidente Boric catalogó el error como “inaceptable”. Pero más allá de la seguidilla de acontecimientos que dieron lugar a este desenlace, lo relevante son sus consecuencias. El Código Procesal Penal reconoce ciertos derechos al querellante, como acusar particularmente y plantear una calificación distinta de los hechos, solicitar otras penas e incluso ampliar la acusación a nuevos hechos. Un querellante activo no solo puede colaborar con la eficiencia de la persecución penal, sino que además entrega una importante señal a la ciudadanía de la relevancia de esclarecer las investigaciones que comprometen la seguridad y el orden público, tan necesaria en estos días.