Publicación: La Tercera
La prisión preventiva es la medida cautelar más alta que establece el ordenamiento jurídico en Chile. Es por eso que su aplicación muchas veces se ha transformado en un debate en el derecho penal, más aún ante cuestionamientos por la extensión de tiempo o bien a la cantidad de personas a la que se le aplica. Un reciente análisis del Observatorio Judicial demuestra que el otorgamiento de esta medida no ha variado de manera considerable desde el inicio de la Reforma Procesal Penal, que terminó de aplicarse el 2005.
La investigación surge a partir de la discusión respecto de las personas privadas de libertad detenidas en el contexto del estallido social, precisamente desde un proyecto de ley que buscaba modificar la medida cautelar de prisión preventiva dictaminada contra personas que cometieron delitos durante las manifestaciones sociales de 2019.
El proyecto de ley presentado por la senadora Ximena Rincón, los senadores Pedro Araya, Alfonso de Urresti, Francisco Huenchumilla y Juan Ignacio Latorre, en septiembre de 2021, busca incorporar criterios para determinar el otorgamiento de la prisión preventiva. Uno de los argumentos esgrimidos en la propuesta de ley es el aumento sostenido de personas privadas de libertad como medida cautelar. Esto, ya que en 2007 el total de la población penal que correspondía a personas con procesos judiciales en curso era del 22%, mientras que el 2020 esa cifra aumentó al 30%.
Si bien aquella medida considera las estadísticas entregadas por Gendarmería, desde el Observatorio Judicial consideran que realizar análisis respecto a aquello no permite visualizar de manera correcta el fenómeno. Juan Francisco Cruz, abogado e investigador, sostiene que dicha visión “no es la mejor perspectiva para analizar la prisión preventiva, la mejor forma es analizarla en comparación a cómo ha ido evolucionando el fenómeno delictual en el país, es decir, si ha ido aumentando, disminuyendo, ver desde esa perspectiva cómo se ha ido comportando la prisión preventiva”.
Sin mayor variación
Para refutar aquello, los investigadores consideraron las cifras entregadas por el Ministerio Público en sus informes anuales, específicamente el número de prisiones preventivas otorgadas por año. Eso les permitió determinar que desde 2006 a 2021, en términos absolutos, el otorgamiento de prisiones preventivas en Chile se ha mantenido estable. De hecho, después de 2017 -año en el que más se registra esta medida cautelar- se vuelve a registrar una progresiva disminución, volviendo a las cifras previas (ver infografía).
Otra consideración que hizo el centro de estudios con las cifras del Ministerio Público es respecto del porcentaje de prisiones preventivas de personas que efectivamente fueron formalizadas durante el mismo periodo. El cálculo arrojó que este ha oscilado entre el 9% y 11% durante los últimos años.
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