El presidente Gabriel Boric llamó por teléfono, en dos ocasiones, al ministro Juan Eduardo Fuentes, presidente de la Corte Suprema, para preguntar si el tribunal que preside puede llamar a un nuevo concurso para confeccionar la quina desde donde debe elegir su propuesta para liderar el Ministerio Público. Lo anterior, luego del fracaso en el Senado de los dos candidatos nominados por el presidente: José Morales y Marta Herrera.
El sentido de contar con un proceso de nominación de Fiscal Nacional en que participan los tres poderes del Estado es disminuir los riesgos de captura política del órgano y asegurar la mayor objetividad y transversalidad de los postulantes, por medio de un mecanismo de pesos y contrapesos. En particular, el rol de la Corte Suprema es proveer de un listado de nombres conforme a criterios objetivos y no a simpatías partidistas, siendo particularmente relevante no intervenir en su rol.
De aquí que no parezca adecuado que el Presidente de la República ejerza presiones sobre la Corte Suprema para convocar a un nuevo concurso público. Si bien es cierto que la normativa no es clara y la propia ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, reconoció que ambas opciones —llamar a un nuevo concurso o completar la nómina actual— debían ser analizadas, dicha decisión corresponde al pleno de la Corte Suprema, sin presiones ni intervenciones.
En este sentido, la consternación del presidente de la Corte Suprema es del todo comprensible. Esperamos que presiones como ésta no se repitan en el futuro.