El Presidente Boric ha decidido indultar al Ex Frentista Jorge Mateluna y a doce delincuentes más, amparado en la convicción personal de la inocencia de Mateluna y de las supuestas irregularidades del juicio en su contra, no obstante que la Corte Suprema revisó el caso y desechó los recursos contra el fallo de primera instancia.
En respuesta, el pleno de la Corte Suprema se vio obligado a responder al Presidente de la República, recordándole que sobre él pesa la prohibición constitucional de “ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.
Lo anterior fue secundado por el Ministerio Público, que recordó que Jorge Mateluna fue detenido en flagrancia y que todas las instancias judiciales, es decir, los jueces de garantía, los miembros del Tribunal Oral en lo Penal y los ministros de la Corte Suprema que revisaron el fallo, coincidieron en atribuirle los hechos delictivos, desechando la tesis de las irregularidades.
Los dichos del Presidente de la República son graves, porque suponen un cuestionamiento de los fundamentos de los fallos de los tribunales de justicia, así como una invasión de sus atribuciones. En ningún caso, la facultad de conceder indultos puede entenderse como una corrección de las decisiones judiciales, sino como un beneficio entregado a un condenado en atención a otras circunstancias como, por ejemplo, su edad o su salud. De este modo, el indulto es una gracia, no una sentencia absolutoria. Sólo los tribunales pueden declarar la inocencia o la culpabilidad de las personas acusadas de cometer delitos.
Es de esperar que La Moneda rectifique sus dichos y que, en lo sucesivo, se abstenga de cuestionar la validez de las decisiones de los tribunales de justicia.