Publicación: Ex-Ante
Para el director de Estudios del Observatorio Judicial, José Miguel Aldunate, la Corte Suprema “extralimitó sus funciones” al emitir un fallo en el que “mandata” beneficios a personas que no concurrieron a los tribunales a resolver su caso. “Los jueces no pueden dictar sentencias con efectos generales. La Corte ha cometido una infracción a la institucionalidad y ahora el legislador se encuentra en la situación de dar un cumplimiento a un fallo que es imposible de cumplir porque aparentemente, como dicen los economistas, quebraría el sistema de Isapres”. Su critica apunta a la Tercera Sala de la corte y en particular al juez Sergio Muñoz, quien según afirma”ejerce un peso gigantesco y que tiene una concepción del derecho en el cual el criterio jurisprudencial prima por sobre todo lo demás”.
-Usted es contrario al fallo que obliga a las isapres a devolver los “cobros indebidos” a los afiliados y cree que el Congreso debería legislar con libertad este tema.
-“Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria si no respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren”, dice el Código Civil. Es decir, los fallos no afectan más que a las partes del juicio. Por lo tanto, los jueces no pueden dictar sentencias con efectos generales. Eso es lo principal. La Corte Suprema no cuenta con la legitimidad democrática requerida para mandar, prohibir, ni permitir, al modo de la ley. Hoy tenemos un problema de cómo se soluciona el problema de las isapres, pero también es un problema institucional. Si no se le da una señal a la Corte, ésta repetirá este episodio porque van a entender que el Congreso les está reconociendo la atribución de darle órdenes. Eso no puede ser. Este mismo problema que estamos teniendo en materia de salud, lo vamos a tener en materia de tomas ilegales, medioambiente, en medicamentos de alto costo y en todas las materias en que la Corte Suprema está permanentemente fallando contra el derecho.
– ¿Qué debería hacer el Congreso?
-Debería legislar con libertad, sin considerar el fallo. Uno debería entender que el fallo afecta a las partes del proceso y que el fallo no puede darle ordenes al legislador y si el legislador decide otra cosa entonces lo puede hacer. La Corte Suprema cometió un infracción y ahora el legislador se encuentra en la situación de dar un cumplimiento a un fallo que es imposible de cumplir porque aparentemente, como dicen los economistas, quebraría el sistema de Isapres. La Corte Suprema puso al Congreso en la situación imposible porque se extralimitó en sus funciones. Son cosas para las cuales no tiene atribuciones.
-¿No sería faltar a la institucionalidad el no respetar el fallo?
-La que faltó a la institucionalidad fue la Corte Suprema.
-¿Pero el gobierno ha utilizado el fallo para decir que se debe cumplir?
-El discurso del Gobierno tiene un argumento equivocado. Ese argumento está mal porque la Corte Suprema no puede ordenar cualquier cosa. La Justicia no puede resolver para un universo personas. Las personas deberían haber ido a la Justicia. La Justicia es para el caso concreto, sino tengamos dos legisladores. Uno no ve al Congreso Nacional diciendo que no le parece tal ley.
-No es peligroso para la institucionalidad la recomendación de que el legislador no considere el fallo.
–No, lo peligroso para la institucionalidad es todo lo contrario. Es que el legislador le de a la Corte Suprema la señal de que puede decirle que puede hacer y que no. Eso es lo peligroso para la institucionalidad, o sea, lo peligroso para la institucionalidad es que el legislador no reivindique sus atribuciones, que han sido usurpados por la Corte Suprema. Aquí el que cometió un crimen contra la institucionalidad fue la Corte Suprema no fue el legislador, este ha cometido una omisión y eso ha sido innegable porque ha contribuido a un proceso de judicialización, que nos tiene donde estamos. Y eso tendrá otras razones como el bloqueo político de los últimos 10 años y que ha dado espacio a esta judicialización, pero aquí la infracción mayor la cometió esta sentencia que se dictó con efectos generales, quien no puede hacerlo. Si el legislador le hace caso a la Corte Suprema se consuma el daño a la institucionalidad.
Este conflicto de poderes dónde se resuelve ¿En el Tribunal Constitucional?
Es la gran duda, no está demasiado resuelto. Si uno mira la Constitución, a mi juicio debería ser el Senado. Pero hay que acordarse que el Partido Comunista presentó un requerimiento por inconstitucionalidad contra el proyecto de los senadores de oposición por incumplir el fallo. El Tribunal Constitucional se va a pronunciar sobre esto. La pregunta será si el Tribunal Constitucional va a fallar en un eje izquierda derecha o va a fallar en un eje institucional. El problema que está llevando el Partido Comunista al tribunal no es un problema de izquierda o derecha en su contenido, no es un problema ideológico, es un problema institucional sobre cuáles son las atribuciones de la Corte Suprema respecto del Poder Legislativo.