Publicación: Reportajes El Mercurio
El exministro, nuevo presidente del Consejo del Observatorio Judicial, ahonda en el problema de la judicialización de las medidas sociales y expresa que ese tipo de problemáticas “se deben resolver a través del sistema político. Para eso está”.
El abogado, ahora independiente, cuenta que sigue interesado “y preocupado” por la política. Claro que no a tiempo completo. “Lo que pasa es que la política no es algo que uno pueda estar alternando con la profesión. No se puede estar en las dos partes, porque se generan complejidades que son difíciles de administrar”, explica a “El Mercurio”.
Sin embargo, la semana pasada asumió un nuevo desafío que probablemente lo tendrá más seguido ante la opinión pública: es el nuevo presidente del Consejo del Observatorio Judicial, ente que estudia el funcionamiento de la institucionalidad jurídica del país. «Me interesa mucho el sistema de justicia y el fortalecimiento de este», dice.
—En ese sentido, ¿tiene un diagnóstico del estado de la justicia chilena?
—Es complejo simplificar este diagnóstico. Pero hay un primera base muy relevante y positiva. Tenemos un Poder Judicial integrado esencialmente por personas honestas y capaces. Es un patrimonio esencial que nos permite ser optimistas respecto a la potencialidad de nuestro Poder Judicial. “Claro que tenemos también dilemas que enfrentar. A veces se arrastra al Poder Judicial a resolver dilemas que son propios de la política, que no se están abordando. Y también es relevante consignar que hay veces en que hay activismo judicial, donde se puede observar que las decisiones van más allá de su rol”.
—Para su colega, el abogado Jorge Bofill, “vamos hacia un Estado fallido”, pues las instituciones no
están funcionando. ¿Qué opina usted?
—No tengo una mirada tan pesimista. Creo que estamos lejos de ser un Estado fallido. Pero evidentemente hay un deterioro institucional, una falta de apego y adhesión a las instituciones. Para mí, el principal problema está en la judicialización de la política. Los problemas sociales se deben resolver a
través del sistema político. Para eso está. Si los terminamos conduciendo a la justicia, generamos dos problemas. Primero, se procesan desde un contrapunto de distintas visiones. Y, además, se analizan sin el respaldo democrático y la legitimidad que corresponde, pues hay que recordar que el Poder Judicial no es un órgano electo.
—¿El fallo sobre las isapres es el principal ejemplo?
—Es un caso bien sintomático, pues pasaron más de diez años sin que el sistema político proporcionara las soluciones y procesara el problema que estábamos enfrentando, respecto al alza de los planes de las isapres y las tablas de factores. Se generó una judicialización de la política debido a una ausencia de solución legislativa. Y a su vez se abrió espacio para el activismo judicial. Pero los tribunales no están llamados a resolver problemas de políticas públicas. No han sido designados para eso, no disponen de un
Ministerio de Hacienda ni de diversidad de miradas. Además, cuando el Poder Judicial busca suplir la ausencia de Poder Legislativo, no gana prestigio, sino que se contagia del desprestigio
—¿Y cómo se soluciona eso? Si el sistema político no funciona, se van a buscar soluciones en otros lados…
—Primero, que el sistema político no otorgue las soluciones no es excusa para que el Poder Judicial las aporte. Hay un principio constitucional que es muy claro, que determina la competencia de los poderes. Y que señala lo siguiente: ningún órgano se puede atribuir, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, competencias o poderes que no le han sido asignados expresamente.
“Ahora, es claro que la fragmentación partidaria está conspirando contra esto. Dentro de los consensos transversales a los que hay que llegar, se debe establecer un fortalecimiento del sistema de partidos y evitar la atomización de las fuerzas políticas, porque eso está trancando el avance institucional”.
—¿Cómo está Chile en materia de certeza jurídica para la inversión, por ejemplo? Hay quienes creen que se ha perdido…
—Hay ciertos ámbitos donde se han generado algunos espacios para incrementar esa incertidumbre. Por
ejemplo, lo que ha pasado muchas veces en materias medioambientales genera preocupación, porque muchas veces pareciera que hay, en algunas oportunidades, cambios de reglas del juego no consentidos, no deliberados, sino que implementados sin que el sistema político haya avanzado hacia allá, afectando en algunos casos los derechos adquiridos o ciertas certezas.
O ha habido casos, en fallos de usurpación de terrenos, en que se ha impuesto que el propietario debe buscar junto con la autoridad política las soluciones, algo que escapa a lo que es una protección pura y simple del derecho de propiedad.
Revisar aquí entrevista completa al nuevo presidente del Consejo del Observatorio Judicial